En pleno debate por la reforma tributaria que prepara el Gobierno nacional, intendentes de diversas provincias elevaron este martes un pedido formal a la Cámara de Diputados para que se incluya una reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 21% al 10,5% para todas las compras y contrataciones realizadas por los municipios.
La presentación se concretó durante una reunión convocada por el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, Juan Fernando Brügge, donde jefes comunales de distintos signos políticos coincidieron en que la medida permitiría aliviar la presión fiscal sobre los gobiernos locales y mejorar la prestación de servicios públicos.
El encuentro reunió a intendentes de la Federación Argentina de Municipios (FAM), encabezados por su titular y jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza; representantes del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), entre ellos la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; y el viceintendente de Córdoba Capital, Javier Pretto.
Al finalizar la jornada, los presentes firmaron un documento conjunto dirigido a los diputados nacionales. Allí solicitaron que la rebaja del IVA quede expresamente incorporada en el proyecto de reforma tributaria que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso en las próximas semanas. Argumentaron que, a diferencia del sector privado, los municipios no pueden computar el IVA como crédito fiscal y, por lo tanto, enfrentan un costo operativo significativamente mayor.
“El municipio paga IVA sobre todo lo que compra, pero no puede descontarlo de nada. Eso genera una desigualdad muy fuerte frente al sector privado y un costo operativo que termina impactando en los recursos públicos”, señaló Brügge durante la reunión. Además, recordó que en 2024 la recaudación total por IVA alcanzó los 43 billones de pesos, por lo que permitir que una porción quede en manos de los gobiernos locales “podría cambiar rápidamente la ecuación fiscal con la que hoy deben enfrentar obras, servicios y demandas urgentes”.
Según los argumentos expuestos, la reducción impositiva busca liberar fondos para destinarlos a obras, servicios esenciales o programas de asistencia. También podría generar un margen para disminuir tasas municipales. El documento remarca que la medida corregiría “una situación distorsiva que agrava la asimetría entre municipios y sector privado, afectando el desarrollo económico de las comunidades”.
Durante la reunión, los intendentes destacaron que la modificación podría tener un impacto inmediato en las economías regionales. Como ejemplo, mencionaron el caso de Córdoba, donde el gobierno de Martín Llaryora implementó en los últimos meses una significativa baja impositiva con un impacto presupuestario de alrededor de 900 mil millones de pesos.
El reclamo se suma a otros pedidos pendientes de los gobiernos locales, como la redistribución del impuesto a los combustibles. Tras escuchar las demandas, los legisladores presentes se comprometieron a continuar evaluando la propuesta durante el tratamiento parlamentario de la reforma tributaria.
