El Gobierno nacional avanzó en la simplificación de los procedimientos para la importación de mercaderías destinadas al uso o consumo personal, al formalizar un nuevo esquema digital que agiliza el registro de bienes ingresados al país por personas humanas, siempre que no tengan finalidad comercial ni industrial. La medida fue oficializada a través de la Resolución General 5805/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), según informó la Agencia Noticias Argentinas.
La actualización normativa apunta a reducir trámites presenciales, centralizar la información y acelerar los tiempos administrativos, sin modificar las condiciones de fondo sobre qué productos pueden importarse bajo esta modalidad. En ese sentido, se habilita un procedimiento simplificado que autoriza el ingreso de mercaderías nuevas o usadas, siempre que su cantidad, calidad, variedad o valor no evidencien intención de venta, reventa o utilización industrial.
Registro electrónico y digitalización del trámite
Uno de los ejes centrales de la resolución es la digitalización total del proceso, que ahora se realizará mediante registros electrónicos en el sistema informático aduanero, particularmente a través del Módulo Declaración Detallada del Sistema Informático MALVINA. Para estos casos, se incorporan códigos específicos que permiten identificar las operaciones correspondientes a importaciones personales sin finalidad comercial.
De manera complementaria, y para los casos en los que se presenten dificultades operativas para el registro electrónico, los usuarios podrán recurrir a un formulario digital interactivo disponible en el micrositio oficial de “Viajeros”, garantizando así una vía alternativa de carga de datos sin necesidad de recurrir al soporte en papel.
Qué mercaderías se pueden importar y bajo qué condiciones
La normativa aclara que esta modalidad no altera las reglas sustantivas del régimen de importación, sino que moderniza la forma de registrarlas. Los productos ingresados continúan sujetos al pago de los derechos y gravámenes del régimen general de importación, y la determinación del valor en aduana se efectúa durante la verificación de los bienes.
Asimismo, las operaciones permanecen alcanzadas por las prohibiciones económicas y no económicas vigentes, lo que implica que no se habilita el ingreso de mercaderías restringidas, peligrosas o alcanzadas por regulaciones específicas de otros organismos del Estado.
El formulario OM-2153-A y la modernización administrativa
Entre las novedades más relevantes se encuentra la digitalización del formulario “Solicitud para importar mercaderías por personas humanas sin finalidad comercial y/o industrial” (OM-2153-A), que anteriormente se gestionaba en formato papel. Este documento ya se encuentra disponible en el sitio web oficial del organismo recaudador, lo que permite iniciar y completar el trámite de manera remota, con trazabilidad y validación electrónica.
Desde ARCA explicaron que esta actualización funciona, en la práctica, como la digitalización de un archivo físico: las condiciones sobre qué puede ingresarse no cambian, pero el método de registro se vuelve centralizado, electrónico y más ágil, en línea con los procesos de modernización del Estado.
Un paso más hacia la desburocratización del sistema aduanero
Con esta resolución, el Gobierno busca optimizar la experiencia de los usuarios, reducir la carga administrativa y mejorar el control aduanero mediante herramientas digitales. La medida se enmarca en una estrategia más amplia de simplificación de trámites y despapelización, que apunta a hacer más eficiente el vínculo entre los ciudadanos y el sistema de comercio exterior, sin relajar los controles ni las obligaciones fiscales vigentes.
Sin embargo, la modernización del trámite aduanero no implica necesariamente una flexibilización real del acceso a bienes importados para la mayoría de la población. Aunque el procedimiento se vuelve más ágil y digital, los costos asociados —derechos, gravámenes y valuaciones en aduana— continúan siendo una barrera concreta, especialmente en un contexto de caída del poder adquisitivo. En ese sentido, la simplificación administrativa aparece más como una optimización del control y del registro estatal que como una política orientada a ampliar el consumo o democratizar el acceso a productos del exterior, dejando abierto el interrogante sobre a quiénes beneficia efectivamente esta actualización y cuán lejos queda de impactar en la vida cotidiana de los sectores con menores ingresos.
