El reciente fallo de la Corte Suprema que puso un freno a las llamadas “aduanas internas” abrió un fuerte debate en todo el país y también tuvo su impacto en Misiones, donde la discusión escaló rápidamente.
La decisión del máximo tribunal declaró inconstitucional aplicar alícuotas más altas de Ingresos Brutos a empresas de otras provincias, al considerar que se trata de una práctica discriminatoria que actúa como barrera al comercio interno.
En ese contexto, el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, intentó aclarar que la medida no afecta a la provincia. “Quiero informar que el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia no afecta a nuestra provincia”, afirmó.
Según explicó, en Misiones no existen diferencias impositivas entre empresas locales y de otras jurisdicciones. “En Misiones, la igualdad ante el impuesto es la regla”, sostuvo, y agregó que el fallo refiere a casos antiguos de Salta y Santa Fe previos al Consenso Fiscal de 2017, por lo que lo consideró una cuestión ya superada en la práctica.
Sin embargo, la respuesta oficial no logró frenar las críticas. En redes sociales y en el ámbito empresarial, el tema generó un fuerte rechazo y volvió a poner en discusión la presión impositiva en la provincia y los controles en rutas.
Uno de los cruces más duros fue el del abogado tributarista Diego Fraga, quien le respondió directamente al ministro con fuertes acusaciones: “Uds se quedan con la caja de las empresas sin pedir permiso, Ministro. Son una provincia que ha perfeccionado y consolidado mecanismos para quedarse con lo ajeno”.
Fraga también cuestionó el impacto en los consumidores: “Por algo muchas empresas dejaron de vender a esa jurisdicción. No les importa la Constitución ni la jurisprudencia de la Corte. Ni sus ciudadanos, que pagan más por los mismos productos que se venden en el resto del país”.
El mensaje se viralizó rápidamente y reflejó un malestar que viene creciendo entre empresarios y ciudadanos, que cuestionan los costos y las dificultades para operar en la provincia.
Así, más allá de la postura oficial que intenta minimizar el fallo, se reavivó una discusión de fondo: hasta dónde llega la política impositiva provincial y cuánto impacta en la economía cotidiana.
Por ahora, el Gobierno insiste en que no hay nada que cambiar. Pero en la calle y en redes, la polémica está lejos de apagarse.
