El Senado se dispone a tratar la reforma laboral en el cierre de las sesiones extraordinarias y, más allá de los cambios vinculados al mundo del trabajo, uno de los puntos que mantiene en alerta al sector automotor es el capítulo fiscal que prevé la eliminación del impuesto interno que aún alcanza a determinados autos 0 km.
Si la iniciativa es aprobada y luego promulgada, los vehículos de alta gama que hoy tributan ese gravamen podrían registrar una reducción de precios de entre el 15% y el 25% a partir del mes siguiente. La medida impactaría especialmente en los modelos que actualmente superan los $103.000.000, segmento que todavía paga una alícuota del 18% adicional y que eleva su valor final por encima de los $120.000.000.
Aunque se trata de una franja reducida del mercado —representa cerca del 1% de las ventas totales—, la eventual quita del impuesto podría generar un efecto dominó en otras categorías cercanas en precio. Los SUV medianos y grandes (C-SUV y D-SUV) ubicados entre los $80.000.000 y $100.000.000 quedarían más expuestos a la competencia de modelos que, hasta ahora, estaban muy por encima en valor debido a la carga impositiva.
En el caso de las pick-ups, si bien no están alcanzadas por este tributo por su encuadre como vehículos comerciales livianos, podrían verse indirectamente afectadas. Las versiones más equipadas, con tracción integral y caja automática, hoy se mueven en una franja que va de los $70.000.000 hasta los $105.000.000. Una baja en los autos premium podría obligar a revisar precios para no perder competitividad.
El mercado premium, en pausa
Desde que trascendió que la reforma contemplaba la eliminación definitiva del impuesto, el mercado de autos de alta gama entró en una suerte de parálisis. Muchos compradores decidieron postergar operaciones a la espera de una definición legislativa que podría significar un ahorro considerable.
Algunas automotrices optaron por aplicar bonificaciones cercanas al 10% para mantener el ritmo de ventas, mientras que otras directamente frenaron la nacionalización de unidades ya arribadas al país y las dejaron en depósitos fiscales hasta contar con mayor certeza normativa.
La expectativa se sostiene porque el texto prevé que la eliminación del impuesto entre en vigencia desde el primer día hábil del mes siguiente a la promulgación de la ley. Si la sanción no se concreta en estas horas, la aplicación efectiva podría demorarse al menos un mes más, lo que implicaría un nuevo freno para un segmento que ya viene operando con cautela.
Un impuesto con historia
El denominado “impuesto al lujo” cobró notoriedad a fines de 2013, cuando durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se incrementaron de manera significativa las alícuotas aplicadas a los vehículos considerados suntuosos. Con el paso de los años, el tributo fue ampliando su alcance hasta generar fuertes distorsiones en la estructura de precios.
En su momento llegó a impactar en gran parte de la oferta disponible, obligando a las marcas a establecer precios “topeados” para evitar que determinados modelos quedaran alcanzados por escalas más altas. Las alícuotas nominales del 20% y 35% terminaban traduciéndose en cargas efectivas aún mayores al aplicarse en cascada sobre el valor final.
En febrero de 2025, el Gobierno dispuso por decreto la suspensión de la primera escala y la reducción de la segunda del 35% al 18%, lo que alivió parcialmente la situación. Sin embargo, la eliminación total del impuesto implicaría un cambio más profundo para el segmento más exclusivo del mercado.
Con información de Infobae.
