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Fondos buitre: la jueza federal de Nueva York ordenó a Argentina abonar U$S 142 millones a bonistas que rechazaron los canjes de deuda

EE.UU. La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, ordenó a la Argentina pagar US$ 142 millones a bonistas que no aceptaron los canjes de deuda. Esta decisión se suma a la condena por US$ 16.100 millones relacionada con la expropiación de YPF. Los demandantes podrían buscar embargos o esperar un acuerdo con el Gobierno argentino.

La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, ordenó hoy a la Argentina pagar US$ 142 millones a los bonistas que rechazaron ingresar en los sucesivos canjes de deuda que lanzó el país.

Esta nueva sentencia se suma a la ya existente por US$ 16.100 millones debido al trato desigual hacia los accionistas minoritarios de YPF durante la expropiación. Preska se pronunció en favor de 12 fondos, entre los que destaca Bybrook Capital, que decidieron no aceptar los canjes de deuda de 2006, 2010 y 2016 y continuar litigando por los bonos que cayeron en default en 2001.

Aunque la mayoría de los bonistas aceptaron las condiciones del país en los canjes, este grupo optó por permanecer al margen y seguir con la vía judicial. En esta ocasión, los demandantes obtuvieron una orden de sentencia sumaria para recuperar acreencias por US$ 142 millones.

Fondos buitre como Bybrook Capital suelen preferir condenas que se dilaten en el tiempo porque los intereses del bono se actualizan a una tasa anual del 9% hasta que haya un fallo.

Una vez que se dicta sentencia, la tasa de interés pasa a ser la de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a dos años, que ronda el 4%. Sin la posibilidad de apelar, los demandantes tienen algunas alternativas para cobrar. Una opción es buscar activos embargables de la Argentina en Estados Unidos, estrategia que también están usando los fondos que demandan al país por la expropiación de YPF, aunque hasta ahora sin éxito. Otra posibilidad sería esperar a que la Argentina ofrezca algún tipo de acuerdo.

Si bien la cifra es menor en comparación con todo el monto en default, saldarla podría cerrar un frente judicial. No obstante, cualquier acuerdo requeriría el aval del Congreso, lo que podría ser complicado en un contexto de ajuste interno.