La causa que investiga un presunto esquema de sobornos y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo judicial. Diego Spagnuolo, extitular del organismo y uno de los principales acusados en el expediente, pidió suspender el peritaje sobre los audios que dieron origen a la investigación y se negó a aportar una muestra de su voz para realizar el cotejo ordenado por la Justicia.
La medida había sido dispuesta hace dos semanas por el juez federal Ariel Lijo, en respuesta a un requerimiento de la Cámara Federal. Sin embargo, la defensa del exfuncionario presentó un escrito en el que solicitó que las grabaciones sean apartadas de la causa y cuestionó la legalidad del procedimiento.
Según argumentó uno de sus abogados, Pablo Parera, obligar al titular del organismo a entregar un registro de su voz implicaría una vulneración del principio que protege a los imputados contra la autoincriminación.
“Los cotejos de voz configuran una especie de utilización del imputado como sujeto de prueba y, ante esa posibilidad, la garantía contra la autoincriminación opera como obstáculo legal inamovible”, sostiene la presentación.
El planteo marca un cambio respecto de la estrategia que había mantenido anteriormente el exdirector de la ANDIS. En las primeras etapas del expediente, Spagnuolo había reclamado precisamente la realización de peritajes acústicos e informáticos para verificar la autenticidad de los registros.
Incluso, presentó un estudio privado elaborado por una empresa alemana que detectó una probabilidad del 65% de que algunos fragmentos contuvieran “trazas de voz sintética”.
Ahora, en cambio, su defensa insiste en que las grabaciones fueron manipuladas y sostiene que, pese a tratarse de una conversación entre al menos dos personas, en los audios solo se escucha una voz.
Las grabaciones, cuyo origen nunca fue esclarecido, contienen referencias a un supuesto sistema de retornos y sobreprecios dentro del organismo y en algunos pasajes se menciona a Karina Milei.
Las defensas de los acusados consideran que esos registros constituyen la pieza central del expediente y buscan desacreditarlos para cuestionar toda la investigación, que ya derivó en procesamientos y una segunda ronda de indagatorias.
La causa comenzó bajo la órbita del juez Sebastián Casanello y actualmente la Cámara Federal revisa los procesamientos dictados en primera instancia.
El médico y exfuncionario Pablo Atchabahian.
Además del exfuncionario, el expediente alcanza a otras 18 personas, entre ellas el exsubdirector de la ANDIS Daniel Garbellini, el médico y exfuncionario Pablo Atchabahian y Miguel Ángel Calvete, señalado por la fiscalía como un “director paraestatal” que ejercía influencia dentro del organismo.
En paralelo, desde fines de abril se desarrolla una nueva ronda de declaraciones indagatorias impulsada por el fiscal Franco Picardi. Esa etapa incluye ampliaciones de imputación y suma a otras 24 personas, en su mayoría vinculadas a empresas proveedoras sospechadas de haber participado en el esquema de direccionamiento de contrataciones y sobreprecios.
Mientras la Cámara Federal analiza los procesamientos, la discusión sobre la validez de los audios aparece como uno de los puntos clave que podrían definir el futuro de una de las causas más sensibles que involucran a exfuncionarios del Gobierno libertario.
Nexofin
