El Ejército Argentino enfrenta una de las peores crisis de ciberseguridad de los últimos tiempos tras la filtración de al menos 50.000 legajos de personal militar, en un ataque que mantiene en alerta a todo el sistema de defensa nacional. El escándalo estalló a partir del martes 13 de mayo, cuando la fuerza reconoció mediante un comunicado oficial la detección de “varias alertas sobre una brecha de seguridad informática”.
La gravedad del incidente se potencia por el silencio inicial del Ministerio de Defensa, que comenzó a romperse conforme se multiplicaban las denuncias en medios especializados y redes sociales. Según fuentes castrenses, los documentos expuestos contienen datos de carácter administrativo, aunque la calificación de “no comprometerían las capacidades operativas de la fuerza” —utilizada por el Ejército— deja espacio a interpretaciones más alarmantes.
Entre la información comprometida se encuentran números de DNI, destinos de servicio, historiales de viajes, direcciones particulares, datos familiares y certificados académicos, lo que constituye un serio riesgo para la seguridad personal de los afectados y para la confidencialidad de información institucional.
El alerta fue inicialmente emitido por Birmingham Cyber Arms, una organización dedicada al monitoreo de amenazas digitales en América Latina a través de la plataforma mefiltraron.com. Desde allí notificaron que los datos ya estaban siendo ofrecidos en foros de la web profunda.
El periodista Daniel Romero fue uno de los primeros en advertir públicamente sobre la filtración, subrayando que la respuesta estatal fue tardía y limitada. Afirmó que recién después de la publicación del caso en el portal Total News Agency, el Ejército emitió su declaración oficial fechada el 13 de mayo, aunque la justicia ya había sido notificada el día 8.
La Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) —dependiente de la SIDE y liderada por el experto en criptografía Ariel Waissbein— tomó intervención en el caso, aunque su capacidad operativa se encuentra restringida: cuenta con una plantilla mínima y recursos escasos, lo que obstaculiza su efectividad frente a ataques de esta magnitud.
El hecho no es aislado. En lo que va de la gestión del presidente Javier Milei, ya fueron víctimas de hackeos organismos clave como la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el INTA, la Comisión Nacional de Valores (CNV), el PAMI y el RENAPER, siendo este último considerado el ataque más crítico hasta la fecha.
La escalada de estas intrusiones ya preocupa directamente al despacho presidencial, desde donde se ordenó el fortalecimiento del sistema de ciberdefensa nacional y se impulsa la reactivación de la estructura de inteligencia a través de la SIDE. La idea del oficialismo es que la AFC encabece una estrategia más robusta frente a las crecientes amenazas informáticas.
Mientras tanto, el impacto institucional y político del hackeo al Ejército continúa expandiéndose, especialmente en momentos en que desde el gobierno se promueve una mayor participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado dentro del territorio argentino.
El caso, aún en etapa de investigación, revela las profundas vulnerabilidades del Estado en materia de ciberseguridad y abre un nuevo capítulo en la agenda de riesgos estratégicos que enfrenta la administración nacional.
