Un día como hoy, pero hace 23 años, entraba en vigencia en Argentina el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y es la herramienta jurídica más importante para la defensa de los Derechos Indígenas, ya que prevalece sobre las leyes nacionales.
Esta legislación establece el derecho a la consulta previa, libre e informada en cualquier situación que los afecte, a la autodeterminación, a la posesión y propiedad sobre los territorios que tradicionalmente ocupan, a una educación intercultural y al respeto por cada cultura, entre otros puntos.
Muchos de estos derechos adquiridos hoy se ven amenazados por un Gobierno nacional que pretende borrar la historia con el codo, en complicidad de un Gobierno provincial que busca salvar sus intereses a costa de la entrega, incluso, de sus propios territorios.
Ricardo Benítez, mburuvicha de la Comunidad Tuna’i y líder Mbya, reflexionó: “Es preocupante la ley que aprobaron (en referencia a la Ley Bases). Ahora tienen más derechos los grandes empresarios y terratenientes, pero ¿a dónde van a ir parar los Pueblos Originarios y los que tienen menos posibilidades?
Y continuó: “El Estado argentino debe hacer valer nuestros derechos, no solo estar presente para los que tienen mucha plata. Debe haber un diálogo entre el Estado provincial, el nacional y los Pueblos Indígenas, trabajando juntos”.
En este sentido, se refirió a la importancia de la naturaleza, sostén de humanidad y toda vida. Las nuevas legislaciones fueron motivadas por ambiciones, dinero y poder, y esconden graves riesgos ligados a actividades extractivas.
