El diputado nacional Oscar Herrera Ahuad desmanteló los argumentos que «romantizan» la legislación laboral vigente y explicó por qué su bloque de Innovación Federal acompañó la reforma en el Congreso. Con el foco puesto en la realidad productiva de la tierra colorada, el legislador cruzó la ideología con datos estadísticos y puso un ejemplo local de modelo basado en la productividad.
Para Herrera Ahuad, la oposición ciega a la reforma laboral parte, en muchos casos, del desconocimiento técnico o del prejuicio político. «Hay mucha gente que no leyó ni un artículo de la ley. Se oponen por decir ‘esto viene del otro lado’. Nuestra responsabilidad es sacar lo mejor de cada norma sin radicalizarnos», afirmó.
El argumento central del diputado fue la ineficacia del sistema actual para proteger al trabajador misionero: «No hay que romantizar lo que se tiene. Dicen que esta ley cuida y protege, pero hoy la provincia de Misiones tiene un índice de informalidad laboral que toca el 50%. El 43% de los trabajadores están hoy descuidados y desprotegidos. Esos son los datos reales que tenemos que evaluar».
Herrera Ahuad: “Hay mucha gente que no leyó la ley”
El exgobernador también cargó contra lo que definió como una discusión ideologizada y superficial. “Gran parte de la gente no leyó ni siquiera uno de los artículos de la ley”, dijo, y describió lo que ocurre en el recinto: para quienes la impulsan, la norma aparece como “maravillosa”; para quienes se oponen, como “lo peor que hay”.
En ese marco, afirmó que su bloque trabajó con otra lógica: revisar artículo por artículo, detectar puntos de conflictividad y corregir aquello que podía generar perjuicio o judicialización.
Según explicó, esa fue la tarea que llevaron adelante también en otras leyes, incluida la reforma de punibilidad de menores, donde aseguró haber presentado disidencias que finalmente fueron aceptadas.
El artículo 44: por qué dijo que no lo iba a votar
Uno de los puntos centrales de su exposición fue el artículo 44, al que definió como un artículo que sí implicaba una posible quita de derechos y, además, una fuente de conflictividad permanente.
“Nosotros no íbamos a acompañar el artículo 44”, sostuvo, y explicó que el problema era la dificultad de separar de manera tajante si una enfermedad o patología tenía origen laboral o no. Como ejemplo, mencionó enfermedades respiratorias como una neumonía y planteó que sería muy difícil excluir el lugar de trabajo como factor posible.
Para Herrera Ahuad, ese artículo no solo afectaba al trabajador, sino que además abría la puerta a más litigios. Por eso remarcó: “Logramos sacar ese artículo. Ese artículo no está”.
Con esa aclaración, intentó responder a críticas que, según dijo, siguen circulando en base a una versión anterior del texto. Una de ellas, la idea de que ciertas lesiones ocurridas fuera del trabajo ya no tendrían cobertura. Su respuesta fue tajante: “No, ese artículo ya no está más”.
Huelga, educación y servicios esenciales
Otro de los ejes de la entrevista fue el derecho a huelga. Herrera Ahuad negó que la reforma lo elimine. “El derecho a huelga continúa”, sostuvo. Lo que cambia, explicó, es la regulación de los servicios esenciales, con exigencias mínimas de funcionamiento.
En ese punto defendió la incorporación de la educación como servicio esencial. Lo justificó en términos de desarrollo social y provincial, y sostuvo que, con los problemas estructurales que arrastra la Argentina en materia educativa, garantizar mínimos de funcionamiento es una decisión lógica.
Su exposición apuntó a desmontar lo que consideró exageraciones o lecturas extremas sobre la ley, y volvió a insistir en la necesidad de leer el texto final y no discutir sobre consignas.
Vacaciones, banco de horas y pymes: “Eso ya pasa”
Herrera Ahuad también abordó temas sensibles como vacaciones, banco de horas y contratación en pequeñas empresas. En todos los casos, su argumento fue el mismo: la reforma no inventa una realidad nueva, sino que ordena situaciones que ya existen, muchas veces de hecho y en la informalidad.
Sobre vacaciones, señaló que no desaparece ese derecho, sino que se formaliza el acuerdo entre trabajador y empleador respecto del momento de uso. Incluso citó ejemplos cotidianos —como comercios pequeños o heladerías— para mostrar que esos acuerdos ya funcionan así.
En cuanto al banco de horas, sostuvo que tampoco significa una imposición unilateral, sino una herramienta de administración de horas extra que en muchos sectores ya se usa. Para él, la diferencia es que ahora se discute dentro de una ley, en lugar de dejarlo librado a prácticas informales.
Además, vinculó la reforma con un problema real de las pymes: el temor a contratar por los costos y riesgos de un proceso indemnizatorio largo. Según dijo, muchas empresas chicas evitan incorporar personal por esa razón, y por eso defendió herramientas que, sin suprimir derechos, permitan reducir barreras de ingreso al empleo formal.
Fondo de ayuda y juicios laborales: una discusión sobre tiempos reales
En la entrevista, Herrera Ahuad sumó otro argumento de peso: el tiempo de los juicios laborales. Señaló que hay trabajadores que quedan sin empleo y deben esperar años para cobrar una indemnización. “Un juicio demora 5, 6, 7 hasta 10 años”, afirmó.
Desde esa mirada, defendió la posibilidad de crear mecanismos de ayuda o fondos para trabajadores desempleados, especialmente en casos de cierre de empresas. Lo presentó como una respuesta concreta a una falla del sistema actual: el trabajador queda sin salario y sin una salida rápida mientras el juicio se extiende.
Punibilidad de menores: acompañamiento con correcciones y con financiamiento
El diputado nacional de Innovación Federal también habló de la reforma penal juvenil y la punibilidad de menores, y allí mantuvo la misma lógica que en el debate laboral: dijo que las leyes deben corregirse y, sobre todo, financiarse.
Explicó que primero reclamó financiamiento y luego discutió el destino de las partidas. Mencionó un monto de 23.000 millones de pesos y cuestionó que no estuviera claramente nominalizado para las provincias. Para él, el desafío no es solo aprobar una ley, sino garantizar que las provincias tengan recursos para aplicarla.
En ese punto, llevó el debate al terreno social: sostuvo que no se trata solo de los casos resonantes, sino del “día a día”, con adolescentes de 14 años atravesados por consumos problemáticos, conflictos familiares y falta de contención. Según explicó, una política de punibilidad sin equipos interdisciplinarios (pediatras, psicólogos y profesionales especializados) carece de efectividad real.
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