Rubén un hipotecado UVA y su esposa tomaron un crédito en 2018 con la ilusión de tener su casa propia. Hoy, siete años después, el sueño se convirtió en una pesadilla económica. En diálogo con el programa La Última Rosca, emitido por Radio Up, relató cómo el monto de la deuda y las cuotas se dispararon, sin advertencias ni previsiones.
El problema no es solo financiero: también es legal, político y social. Rubén recordó que fueron alentados por las campañas oficiales de 2017-2018. “Nos convenció el propio presidente Macri en un acto en el Banco Nación. Nunca pensamos que podríamos acceder a una vivienda. Fue muy político. Nos vendieron un sueño, y ahora nos ahogamos”.
La cuota inicial fue de $12.000. Subió enseguida a $15.000 y actualmente ronda los $900.000 mensuales. “Mi sueldo municipal entero se va en la cuota. Y en tres meses, mi señora se jubila. No vamos a poder seguir pagando así”, advirtió.

“El 6 de febrero de 2018 tomamos el crédito, eran 2.613.360 pesos, lo que equivalía en ese momento a unos 131.000 dólares. Hoy, después de 7 años y medio pagando, debemos más de 150 millones de pesos. O en dólares, 125.000. O sea, casi lo mismo que al principio”, explicó Rubén con indignación.
Criticó la falta de transparencia: “nunca me explicaron que el UVA estaba atado a la inflación. Nos dijeron que se ajustaba por el CER, el ‘coeficiente de estabilización de referencia’. Suena lindo. Pero el CER es la inflación. Y eso no se lo explicaron a nadie”.
También denunció que muchas familias podrían perder su casa si caen en mora: “no tenemos título hasta que no se pague todo. Y ahora habilitan que el sector privado saque las casas al mercado si hay atrasos. Es desesperante”.
En este contexto de incertidumbre y creciente morosidad, el Gobierno de Javier Milei decidió disolver el Fondo Fiduciario PROCREAR, eliminando un instrumento clave de asistencia estatal para quienes habían accedido a créditos para la vivienda única. Esta medida fue oficializada recientemente y dejó a miles de familias sin respaldo institucional para refinanciación, renegociación ni protección frente a desalojos o remates.
Sobre el rol del Estado, fue claro:
“No tenemos el título hasta que no se pague todo. Y ahora, si hay atrasos, pueden sacar la casa al mercado. Es desesperante”, además denunció la falta de responsabilidad del sistema bancario “ningún banco nos advirtió de los riesgos. A mí me preocupaba el tema de la edad, y el asesor me dijo que no pasaba nada. Todos eran flores. Entramos sin saber lo que venía.”.
“El Estado estuvo metido desde el principio. No fueron créditos bancarios normales. Eran para única vivienda. Para nosotros fue un engaño”. Y cerró con un pedido a los legisladores: “que reconozcan que fue el Estado el que impulsó esto. Que hagan leyes que garanticen el derecho a la vivienda digna. Que la cuota sea pagable y predecible. Queremos vivir tranquilos, no pasar la vida ahogados”.
Fuente: Radio Up
