El Concejo Deliberante de Puerto Iguazú aprobó por unanimidad una ordenanza que prohíbe la actividad de los cuidacoches en toda la ciudad. La medida surge ante la necesidad de ordenar el uso del espacio público y garantizar seguridad y confianza tanto a los vecinos como a los turistas que visitan uno de los principales destinos del país.
Según trascendióm, durante los últimos meses, la presencia de personas dedicadas al cuidado informal de autos se volvió cada vez más frecuente en distintos puntos de Iguazú. Hasta ahora, las autoridades carecían de una herramienta legal para actuar y retirar a quienes ejercían esa actividad.
El nuevo marco legal se formuló en base a los expedientes 22/25 y 03/24, que dieron origen al proyecto de ordenanza. En los fundamentos, los concejales remarcaron que Puerto Iguazú es un destino turístico internacional, cuya principal fuente de desarrollo es el turismo, por lo que resulta esencial mantener condiciones de orden, seguridad y confianza para los visitantes y la comunidad local.
Los ediles también destacaron que la actividad conocida como “cuida vehículos” no cuenta con habilitación, regulación ni reconocimiento legal, y que en muchos casos se convierte en una práctica que afecta el uso normal del espacio público. El proyecto sostiene que la modalidad genera situaciones de hostigamiento y cobro indebido hacia automovilistas locales y turistas.
Cuidacoches en Iguazú: prohibieron la actividad y los convocan a programas de empleo
La ordenanza fue elaborada tras tareas de relevamiento en territorio y el análisis conjunto con el Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de Gobierno. En este sentido, el municipio convocará a quienes hoy se desempeñan como cuidacoches a la Oficina de Empleo, donde podrán acceder a programas de formación en distintos oficios y alternativas de reinserción laboral.
El texto aprobado faculta al Ejecutivo, mediante las áreas de Tránsito y Seguridad Ciudadana, a labrar actas de infracción y aplicar sanciones que pueden ir desde multas hasta medidas preventivas. También establece la colocación de cartelería informativa y la creación de una línea de denuncias para reportar casos en la vía pública.
Cabe señalar, finalmente, que la normativa prevé la intervención del área de Acción Social en situaciones que involucren a menores de edad o personas con discapacidad, con el objetivo de brindar acompañamiento y evitar que queden en situación de vulnerabilidad.
