Posadas. Un nuevo reclamo pone el foco en la situación de los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) de Misiones. Desde la Unión de Docentes de la Nueva Argentina (UDNAM) comenzaron a recolectar firmas para acompañar un petitorio dirigido a la Cámara de Diputados provincial, con el objetivo de que se derogue una disposición que, según sostienen, afecta el cumplimiento de las movilidades jubilatorias.
En diálogo con Radio Up, Juan Carlos Díaz, integrante de UDNAM, explicó que la iniciativa busca recuperar un mecanismo que permita que los jubilados reciban en tiempo y forma las actualizaciones que les corresponden y evitar que las diferencias acumuladas se transformen en deudas del Estado.
El reclamo por las movilidades jubilatorias del IPS
Díaz explicó que el planteo tiene como antecedente una discusión que se dio el año pasado alrededor del artículo 37 de la Ley de Presupuesto.
Según detalló, distintos diputados habían presentado un proyecto para derogar ese artículo debido a las consecuencias que tenía sobre las movilidades de los jubilados. La iniciativa logró retirar esa disposición de la Ley de Presupuesto, pero, de acuerdo con la denuncia realizada por UDNAM, una normativa de características similares terminó incorporándose posteriormente a una ley permanente.
El dirigente señaló que el contenido habría quedado establecido en el artículo 10 de la Ley VII N.º 103, situación que, según su interpretación, mantiene el problema de fondo.
Por ese motivo, el petitorio apunta específicamente a la derogación del primer párrafo del artículo 10 de la Ley VII N.º 103.
Deudas que se acumulan y se pagan a valores históricos
Uno de los principales cuestionamientos planteados durante la entrevista está relacionado con el modo en que se acumulan las diferencias de movilidad.
Díaz sostuvo que cuando las actualizaciones no se aplican o no se pagan en tiempo y forma, se genera una deuda con los jubilados. El problema, según explicó, aparece posteriormente cuando el Estado reconoce esas diferencias y las abona con un criterio que, de acuerdo con el reclamo, termina perjudicando al beneficiario.
“Las movilidades, al no pagarse en tiempo y forma, van generando deuda del Estado a los jubilados”, explicó.
En ese sentido, mencionó el trabajo que viene realizando el profesor Carlos Lescano, quien analiza casos concretos y documenta las diferencias que, según el planteo, el Estado mantiene con jubilados del IPS.
Díaz aseguró que existen situaciones de personas que llevan apenas algunos meses como jubiladas y ya acumulan importantes diferencias. Como ejemplo, señaló casos de jubilados con tres o cuatro meses de haber iniciado su jubilación que tendrían alrededor de $400.000 pendientes en concepto de movilidades.
También mencionó situaciones con deudas acumuladas de $8 millones y $11 millones, aunque aclaró que se trata de casos particulares relevados en el marco del trabajo que se viene realizando.
El planteo de fondo es que el paso del tiempo no debería convertirse en un perjuicio para quienes tienen derecho a percibir una actualización de sus haberes.
“A valor histórico y dos años atrás”
Otro de los puntos señalados por el integrante de UDNAM tiene que ver con la forma en que, según afirmó, se terminan reconociendo las deudas.
Díaz sostuvo que, cuando el Estado reconoce las diferencias acumuladas, estas pueden ser abonadas a valor histórico y con un período limitado de retroactividad, lo que implica que el jubilado termina percibiendo un monto que ya perdió poder adquisitivo frente al paso del tiempo.
Para los impulsores del petitorio, esta situación constituye uno de los principales motivos para reclamar que las movilidades sean aplicadas de manera regular y sin generar períodos de deuda que luego deban ser reclamados.
¿A cuántos jubilados afecta?
Consultado sobre la cantidad de personas alcanzadas por esta situación, Díaz reconoció que no cuentan con un número preciso.
Sin embargo, remarcó que el planteo tiene un alcance amplio porque, según su interpretación, la normativa puede afectar al conjunto de los jubilados del IPS en materia de movilidad.
“Es muy importante entender que es injusto que no se le reconozca y no se le valore al jubilado después de haber aportado tantos años”, sostuvo.
Para Díaz, el debate excede una cuestión estrictamente administrativa o económica. Consideró que existe también una dimensión vinculada con el reconocimiento a quienes durante años trabajaron y realizaron aportes al sistema previsional.
El petitorio será presentado ante la Cámara de Diputados
El próximo paso de los impulsores de la iniciativa será presentar formalmente el petitorio ante la Cámara de Representantes de Misiones.
La estrategia será similar a la utilizada durante el año pasado, cuando se reclamó la derogación del artículo 37 de la Ley de Presupuesto.
Ahora, el objetivo será solicitar que los legisladores vuelvan a intervenir y analicen la derogación del primer párrafo del artículo 10 de la Ley VII N.º 103.
“Vamos a solicitar la derogación y vamos a esperar a ver cómo reaccionan los diputados con respecto a este tema”, explicó Díaz.
El dirigente agregó que, dependiendo de la respuesta que obtengan por la vía legislativa, analizarán posteriormente cuáles serán los próximos caminos a seguir.
Del Presupuesto a una ley permanente
Uno de los aspectos que los impulsores del reclamo consideran centrales es el cambio de ubicación de la disposición cuestionada.
Díaz sostuvo que el año pasado los legisladores habían trabajado sobre la derogación del artículo 37 de la Ley de Presupuesto, una norma que debe ser revisada anualmente. Sin embargo, según su explicación, posteriormente una disposición similar fue incorporada a una normativa permanente.
“Lo sacaron de ahí y de la noche a la mañana lo pusieron en una normativa permanente”, cuestionó.
El dirigente planteó que esto genera una preocupación que no alcanza solamente a quienes actualmente están jubilados, sino también a quienes todavía se encuentran en actividad.
“Yo soy activo y si esa normativa no se deroga, me va a terminar afectando a mí”, afirmó.
De esta manera, el reclamo busca instalar la discusión sobre las reglas que determinan la actualización de los haberes previsionales y sus efectos tanto sobre los actuales jubilados como sobre quienes eventualmente accederán al beneficio.
“Un poquito de dignidad”
En el tramo final de la entrevista, Díaz hizo hincapié en el aspecto social del reclamo y sostuvo que quienes trabajaron durante décadas y realizaron aportes merecen que el sistema previsional cumpla con las obligaciones correspondientes.
“Un poquito de respeto a todos aquellos que aportaron al Estado”, reclamó, al tiempo que consideró que reconocer los derechos de los jubilados es también una cuestión de “dignidad”.
Mientras continúa la recolección de firmas, el petitorio buscará ahora llegar a la Legislatura misionera para que los diputados analicen nuevamente la normativa.
El planteo deja así abierta una discusión que atraviesa a miles de familias: cómo garantizar que los jubilados del IPS reciban las movilidades que les corresponden, en tiempo y forma, sin tener que esperar años para reclamar diferencias que luego pueden ser abonadas a valores históricos.
Porque detrás de cada expediente previsional hay una persona que después de décadas de trabajo espera algo básico: que su jubilación mantenga una actualización acorde con lo que establece el sistema y que el paso del tiempo no termine convirtiendo un derecho en una deuda difícil de recuperar.
