La Justicia de Misiones desestimó un pedido de amparo administrativo laboral que presentaron este lunes los letrados Eduardo Paredes y Roxana Rivas, quienes reclaman la inconstitucionalidad del decreto mediante el cual se expulsó de las fuerzas provinciales a los policías investigados por presunta sedición y conspiración, sin tener una sentencia firme. Los abogados argumentaron que la provincia procedió con una “ilegal cesantía violando el debido proceso de derecho de defensa” de los involucrados.
En cuanto a la respuesta a este recurso, El Territorio accedió al documento firmado por el juez Laboral Dos, Sebastián Mangini, quien rechazó ayer este amparo por “improcedente”. El magistrado sostuvo que “el sumario administrativo interno de la Policía de Misiones no requiere sentencia judicial firme”.
No obstante, los abogados denunciantes presentarán esta mañana un nuevo pedido esta vez ante la Cámara de Apelaciones en lo Laboral. Ya que, señalaron el Superior Tribunal de Justicia «no tiene la objetividad suficiente para intervenir (en la causa administrativa)».
Esta medida se enmarca en un proceso judicial de varias semanas que involucra al delegado de la mesa salarial Ramón Amarilla y otros siete policías presos e investigados por supuesta sedición y conspiración contra la Jefatura de la provincia. En septiembre fueron echados de sus cargos y dejaron de cobrar sus sueldos, mientras estaban siendo investigados en la causa penal por presunta organización para tomar la sede central policial.
Fue por este motivo que los colegiados Paredes y Rivas iniciaron una denuncia laboral administrativa, indicando que fue inconstitucional la destitución de los policías y que tal medida de la provincia sería “una represalia” por el rol que tuvieron los detenidos en tanto delegados en negociaciones salariales en el marco de la Mesa de Diálogo.
Piden anular la expulsión de los policías
En el amparo presentado, reclamaron “la nulidad del decreto, por violación del debido proceso”. Además elevaron una medida cautelar para que se les reconozca a los policías su derecho a recibir los salarios correspondientes hasta los días que ejercieron en septiembre y “de acuerdo a las condiciones en las que actualmente se encuentran”.
Esto, argumentan, es fundamental ya que “entre otras cosas permitirá que todas las personas que están a cargo nuestro –hijos-esposas-madres- muchos de los cuales además requieren atención especial por condiciones de salud, accedan a los beneficios de la obra social, asignaciones familiares y demás recursos vitales para la subsistencia misma de nuestras familias”, reza el comunicado en nombre de los ocho efectivos detenidos.
En el documento también se refirieron a la posible vinculación que tendrían las causas penales y administrativas hacia los policias con los reclamos salariales que llevaron adelante en mayo de este año. “En el marco de dicha causa y previendo tal vez el gobierno provincial (…) la posibilidad de otra movilización y medida de fuerza como las que se sucedieron en el mes de mayo de este año, con amplia trascendencia nacional, comienzan una serie de acciones de persecución y hostigamiento, impulsando la causa penal y terminan con nuestra detención en fecha 19 de septiembre”, denunciaron.
Cabe recordar que además del suboficial mayor retirado Amarilla, los policías involucrados son Diego Correa, Lisandro Canteros, Joaquín Orrego, Adolfo Guirula, Elías Coutto, Iván y Ramón Arrieta. Están imputados por los delitos de coacción, sedición y conspiración, y permanecen detenidos en las unidades penales de Cerro Azul y Eldorado.
Fuente: El Territorio
