La ley beneficiará a presos políticos condenados en episodios de crisis política entre 2002 y 2025 y excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra los ciudadanos, la soberanía y la integridad del país.
El proyecto, aprobado por unanimidad, es denominado oficialmente Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. La norma aplicaría a dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas, entre otros, detenidos durante meses o incluso años por motivos políticos.
