El acceso a la salud se encuentra en un punto crítico en Argentina, con un aumento sostenido de los reclamos que, en muchos casos, terminan en instancias judiciales. Según un informe reciente de la Defensoría del Pueblo, el principal motor de esta problemática es el desfasaje entre las nuevas tecnologías sanitarias y los tratamientos que los financiadores —obras sociales y prepagas— están dispuestos a autorizar. Esta brecha, motivada por una búsqueda de costos más bajos, deja a los pacientes en una situación de extrema vulnerabilidad, forzándolos a batallar para recibir las terapias más efectivas.
La Defensoría detalló en su reporte que uno de los problemas más recurrentes es la negativa de cobertura para tratamientos innovadores. Los financiadores, en muchas ocasiones, ofrecen opciones de medicamentos que, si bien están dentro del marco normativo, se consideran obsoletos frente a los avances de la industria farmacéutica. “La Defensoría recibe un promedio de 2.000 consultas semanales sobre salud, y más del 50% de ellas están relacionadas con la falta de cobertura o negativas injustificadas”, expresó Maximiliano Nitto, jefe del área de Salud de la Defensoría del Pueblo de la Nación en el programa Argentina Divina Comedia, que se emite de lunes a viernes de 20 a 21 por Radio Up. “La gente se ve obligada a elegir entre aceptar un tratamiento menos eficaz o iniciar un largo y costoso camino legal”.
Alertan que la situación en la salud golpea a los sectores más vulnerables
Esta dinámica afecta de forma desproporcionada a los sectores más vulnerables de la sociedad. Los adultos mayores y las personas con discapacidad son los más perjudicados, ya que a menudo carecen de los recursos económicos para comprar medicamentos de alto costo mientras esperan la resolución de un amparo. Para este grupo, la falta de cobertura no se limita a los medicamentos, sino que se extiende a prestaciones esenciales como tratamientos de rehabilitación.
En el caso específico de PAMI, la problemática se intensifica con el acceso a medicación oncológica. La entidad cuenta con protocolos internos que no siempre se actualizan al ritmo de los avances científicos, lo que genera una oferta de fármacos que los oncólogos ya no prescriben. “Esto no solo es una cuestión de dinero, es una cuestión de dignidad y de calidad de vida. No podemos permitir que la burocracia se imponga sobre la salud de los pacientes”, sostuvo Nitto. Además, en el último mes, un cambio logístico en la distribución de pañales para adultos mayores generó un cuello de botella que provocó graves demoras y, en consecuencia, múltiples reclamos por parte de los afectados.
Frente a la creciente judicialización de la salud, el gobierno lanzó una nueva herramienta llamada Promesa, una instancia de mediación que busca resolver los conflictos de forma extrajudicial. La Defensoría, si bien considera la iniciativa un intento positivo, advierte que su verdadera efectividad dependerá de su capacidad para obligar a los financiadores a cumplir con los tratamientos necesarios, evitando que los pacientes sigan optando por el camino del amparo judicial.
Ordenar y regularizar la salud
Otro punto de análisis es el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN). La Defensoría valora el intento de ordenar y regularizar un sistema que ha visto un gran crecimiento de inscriptos, pero señala una falla crítica: la falta de dinamismo del Ministerio de Salud para dar respuestas oportunas. Muchos solicitantes, incluso aquellos que buscan renovar su registro, llevan más de un año esperando una resolución. Nitto reflexionó: “La burocracia es una enfermedad en sí misma. La gente necesita respuestas, no promesas. Y lo que vemos en el REPROCANN es un sistema que, en la práctica, no funciona a la velocidad que se requiere”.
Por último, el informe de la Defensoría subraya la importancia de mantener una estricta vigilancia sobre la calidad, seguridad y eficacia de medicamentos y alimentos. En medio de debates sobre la reestructuración de organismos de control, la institución reafirma el rol central de entidades como la ANMAT. “Incidentes como el del fentanilo contaminado nos recuerdan, de la manera más trágica, que no podemos bajar la guardia. El control estatal es la última línea de defensa de la salud pública”, concluyó Nitto, enfatizando la necesidad de un control robusto para proteger a los ciudadanos.
