El fiscal federal Gerardo Pollicita profundizará este lunes la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni mediante una batería de peritajes técnicos sobre sus movimientos financieros previos y posteriores a su paso por el Estado.
ELa instrucción apunta a verificar la trazabilidad de ocho billeteras virtuales en las que el exfuncionario adujo haber obtenido más de 591.000 dólares en Bitcoin, además de dilucidar las discrepancias en torno al costo real de las obras en su residencia del country Indio Cuá, medidas que deberán contar con la homologación del juez Ariel Lijo.
La pesquisa judicial que encabeza Pollicita buscará corroborar la veracidad del descargo que el exfuncionario de Javier Milei presentó tras responder un cuestionario de veinte puntos confeccionado por el Ministerio Público Fiscal. La causa abarca la evolución de sus bienes durante su etapa en la función pública, desarrollada entre diciembre de 2023 y junio de 2026, período en el cual surgieron notorias inconsistencias a partir de las declaraciones juradas rectificativas respecto al origen de importantes tenencias de dólares en billete.
Para justificar dichos montos, la defensa de Adorni argumentó que los recursos provinieron de operaciones de adquisición y posterior liquidación de Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, las cuales habrían generado una ganancia total de 591.544,61 dólares a través de ocho transacciones antes de asumir cargos estatales. En su presentación, aportó un acta notarial para respaldar la titularidad de ocho billeteras digitales, puso a disposición de la Justicia las claves privadas y explicó que las transferencias se concertaron con particulares en efectivo, eludiendo tanto a las entidades bancarias como a los exchanges regulados. Frente a ello, la fiscalía requerirá que un perito especializado ejecute una auditoría grabada en video para cotejar si las fechas, importes y direcciones criptográficas informadas coinciden cabalmente con la realidad técnica de los bloques.
De manera paralela, la lupa investigativa se posará sobre las refacciones edilicias ejecutadas en la vivienda que Adorni posee dentro del country Indio Cuá, situado en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. En el expediente ya consta la declaración testimonial del contratista Matías Tabar, quien afirmó haber percibido alrededor de 245.000 dólares por parte del círculo familiar del imputado para concretar las reformas. Aunque la defensa desestimó categóricamente esa cifra y adjuntó una tasación elaborada por un perito arquitecto que calculó el presupuesto en 174.954,58 dólares, la fiscalía advirtió que dicho peritaje de parte resulta insuficiente para dar por cerrada la controversia. Por ese motivo, se demandará toda la documentación respaldatoria tendiente a esclarecer si los desembolsos se acercaron a los 174.000 dólares declarados o a los 245.000 señalados por el constructor, en una contratación donde la propia parte acusada admitió la existencia de tratos informales y entregas de dinero en mano con comprobantes y facturaciones cruzadas.
Según la línea de descargo de Adorni, la masa de dólares atribuida a las tempranas inversiones informáticas sirvió como sustento para solventar sus gastos cotidianos, encarar proyectos de inversión y financiar maniobras del mercado inmobiliario, incluyendo tanto la mencionada intervención en Indio Cuá como la compra de un inmueble sobre la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito. Ante este cuadro probatorio, Pollicita impulsará las nuevas medidas de control contable, patrimonial y tecnológico, las cuales quedarán supeditadas a la firma y autorización formal del juez federal Ariel Lijo en los tribunales de Comodoro Py.
