La abogada Marta Lastra, una de las impulsoras del amparo colectivo, detalló que el fallo judicial ordena a PAMI, Incluir Salud y al Ministerio de Salud saldar las deudas con prestadores de personas con discapacidad en un plazo de 72 horas. Además, criticó al Gobierno Nacional por un proyecto que busca auditar y desmembrar el nomenclador de prestaciones básicas.
El Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba ordenó al PAMI, al programa Incluir Salud y al Ministerio de Salud de la Nación regularizar los pagos a los prestadores de personas con discapacidad en un plazo de 72 horas.
La medida cautelar fue otorgada a partir de un amparo colectivo cuya presentación estuvo encabezada por Marta Lastra, quien, en representación de diversos colectivos, explicó en Sala Cinco, programa del stream de Misiones Online y Radio Libertad, que las personas con pensiones no contributivas por invalidez laboral —es decir, con un 76% o más de discapacidad que les impide trabajar— dependen de estas prestaciones.
Para ella, dichas personas se encuentran en una situación socioeconómica de desventaja, y no pueden tener más de una propiedad, ni un trabajo en relación de dependencia o ser monotributistas, y tampoco deben tener obligados legales que cobren más de tres salarios mínimos vitales y móviles.
“Los financiadores que se encargan de sostener las terapias que necesitan, o las de rehabilitación, educación, transporte, institucionalización u hogarización, son tanto Incluir Salud o el PAMI”, repasó.
Por otra parte, la abogada expresó que las demoras en los pagos, que se arrastran desde noviembre del año pasado, son “totalmente infundadas y agarradas de los pelos”. Además, señaló que estas demoras ponen en peligro a la mayoría de los beneficiarios y ya causaron un daño actual, como el cierre de instituciones prestadoras. “No es que solamente no viene pagando estos meses, sino que no tenemos certezas de que si hubo algún pago por afuera extra vaya a ser periódico, mensual. No tenemos ninguna certeza de esa situación”, lamentó Lastra.
El antecedente de la Ley de Emergencia
Lastra destacó que la decisión judicial de Córdoba no es una sentencia, sino una medida cautelar, y que esta toma en cuenta antecedentes como el fallo de Campana. “No solamente ordena de manera rápida y expedita, sino también le está diciendo: ustedes vienen sin cumplir un montón de cosas con anterioridad, entre ellas la Ley de Emergencia”, sostuvo.
La abogada recordó que el Poder Ejecutivo Nacional interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema contra el fallo de Campana, con argumentos que, a su parecer, están “muy alejados de los que deben ser los fundamentos de un recurso extraordinario”. Consideró que esto constituye una “burla total al sistema, a la normativa jurídica que nos organiza como ciudadanos argentinos”.
Para Lastra, el Gobierno Nacional utiliza “todos los artilugios posibles para dejar de hacer lo que caprichosamente se decide”. Afirmó que esta actitud ataca a la familia de la discapacidad, incumple los principios constitucionales y viola la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. “Todo esto como si fuese un emperador, desconociendo los otros dos poderes, desconociendo que vivimos en una República y que el Poder Legislativo le decía: debe hacer esto, y el Poder Judicial lo está confirmando”, enfatizó.
La desvalorización de las prestaciones
La letrada denunció que el daño a los prestadores ya es significativo, incluso si se regularizan los pagos. Mencionó un informe del Cotolengo de Don Orione, una institución de Córdoba, que registra una “deuda impresionante en ARCA, en materia de impuestos y en materia de aportes patronales”. Según Lastra, las prestaciones aumentaron casi un 100% desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, pero los montos que se pagan son “totalmente irrisorios”. Puso como ejemplo que por una terapia de rehabilitación individual, como una kinesio respiratoria, se pagan 18.000 pesos, y el kilómetro para un transportista se paga 1.000 o 1.200 pesos.
Lastra criticó la disparidad entre los pagos a los prestadores de discapacidad y los aumentos en la medicina prepaga. “El per cápita del PAMI también es una burla, no llega a un alfajor el monto de una atención médica a un jubilado. Y después ves, por otro lado, el aumento a las empresas de medicina prepaga, que superan el 500%”, comparó. Reveló que su propia prepaga pasó de 100.000 pesos a 670.000 pesos, y afirmó que esta situación demuestra que la prioridad del gobierno es “el negocio de la salud y no el derecho a la salud que tiene toda la ciudadanía argentina”.
Como madre de un niño con autismo, Lastra aseguró que la situación actual, lejos de desanimarla, renueva su energía y compromiso. “No me enoja, me sorprende el nivel de actitud totalmente antihumana, deshumanizante, antisensible, el desconocimiento del derecho, la violación del Estado de Derecho”, declaró. Agregó que la familia de la discapacidad no baja los brazos y sigue luchando con la fuerza de la razón, el amor y el compromiso. “Aquí hay un David muy, muy fuerte y quizás puede dar la piedra certera para hacer entender que la familia de la discapacidad sí es parte de la sociedad argentina”, sentenció.
Finalmente, Lastra instó a los ciudadanos a contactar a sus representantes, especialmente a los senadores, para que no acompañen el proyecto de ley del Gobierno Nacional “contra el fraude de las pensiones no contributivas”. Explicó que este proyecto busca auditar a las personas con discapacidad en desventaja económica y desmembrar el nomenclador de prestaciones básicas, dejándolas libradas a las reglas del mercado. “Esto no nos va a llevar a otra cosa que no sea personas con discapacidad de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta categoría, violando el principio de universalidad y atacando la obligación de calidad en las prestaciones”, concluyó.
