El fiscal federal Fernando Domínguez pidió la indagatoria del exdiputado José Luis Espert por presunto lavado de 200.000 dólares. La causa lo relaciona con el empresario Fred Machado, condenado en Estados Unidos por fraude y narcotráfico, y la compra de bienes para justificar el origen de los fondos.
La Justicia Federal solicitó la indagatoria de José Luis Espert, exdiputado nacional, en una causa por presunto lavado de dinero. La investigación, impulsada por el fiscal Fernando Domínguez, vincula a Espert con el empresario Federico “Fred” Machado, condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de activos. En 2020, Espert recibió una transferencia de 200 mil dólares desde una cuenta de Machado.
Según la fiscalía, Espert utilizó parte de estos fondos para adquirir bienes, entre ellos un BMW y un Lexus, y también realizó pagos a un fideicomiso denominado “Dunas”. El fiscal Domínguez incluyó en el pedido de indagatoria a Varianza S.A., la sociedad comercial del exlegislador, por la presunta presentación de informes contables falsos para justificar el origen del dinero. Además, el contador de Espert, Mariano Cosentino, también fue solicitado a indagatoria por su supuesta participación en la registración de los movimientos financieros.
El vínculo con Fred Machado
La causa se centra en la relación entre Espert y Fred Machado, quien, según el expediente, brindó apoyo financiero al dirigente liberal durante su campaña presidencial de 2019. El monto total acordado entre ambos, conforme a un contrato, ascendía a un millón de dólares.
Espert había declarado públicamente que el dinero correspondía a un contrato de consultoría con Machado para asistirlo en una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía cuestionó esa versión. Para los investigadores, Espert nunca viajó a ese país, las minas vinculadas al supuesto asesoramiento no estaban operativas y no existen evidencias concretas de que haya realizado tareas profesionales relacionadas con ese acuerdo.
Mientras avanza la investigación, Espert tiene todos sus bienes congelados por disposición judicial. Esto significa que está impedido de vender propiedades y no puede disponer del dinero en sus cuentas, excepto los fondos autorizados por la Justicia para afrontar gastos corrientes. Ahora, el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, deberá decidir si hace lugar a los pedidos de indagatoria formulados por el Ministerio Público Fiscal.
