La Legislatura de Misiones rechazó el pedido de juicio político del ex director de Rentas Miguel Thomas contra la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Rosanna Pía Venchiarutti, por presunto retardo de justicia y mal desempeño de sus funciones. La decisión fue adoptada por la Sala Acusadora de la Cámara de Representantes, que desestimó la denuncia por 16 votos contra 3, cerrando así la posibilidad de avanzar con el inicio formal del proceso.
Los únicos legisladores que votaron a favor de habilitar el proceso judicial fueron Martín Arjol, Adrián Núñez y Ramón Amarilla, mientras que el resto de los integrantes de la Sala se pronunciaron en contra.
Por otro lado, se espera que, en términos formales, el próximo 7 de enero se reuna la denominada “Cámara chica” de la Legislatura —integrada por unos doce diputados representantes de todos los bloques— para recibir el dictamen y archivar definitivamente la presentación.
Ex director de Rentas denunció a la presidenta del STJ por retardo de justicia en un pedido de retiro
La denuncia había sido impulsada por Miguel “Pimpi” Thomas, ex director de la entonces Dirección General de Rentas (DGR), hoy Agencia Tributaria Misiones (ATM), cargo que ocupó entre 1999 y 2019. Thomas fue una figura central del esquema recaudatorio provincial durante las gestiones de Carlos Rovira, Maurice Closs y el primer mandato de Hugo Passalacqua, y es señalado como el artífice de la denominada “Aduana Paralela”.
El pedido de juicio político contra Venchiarutti se originó en un expediente vinculado a un derecho previsional de retiro que, según Thomas, había sido inicialmente reconocido y luego revocado por la DGR mediante un acto administrativo, lo que derivó en una serie de acciones judiciales. De acuerdo al planteo, el trámite estuvo marcado por remisiones, conflictos de competencia y la ausencia de una resolución de fondo.
En la presentación acusó que la causa llegó al Superior Tribunal de Justicia y que, pese a reiterados pedidos de pronto despacho, permaneció sin una definición definitiva con el paso de los años, lo que fue interpretado como “retardo y privación de justicia”. Uno de los ejes centrales del escrito apuntó a una presunta contradicción en resoluciones atribuidas a Venchiarutti, al mencionar una providencia que ordenaba continuar la causa y otra posterior, fechada el 30 de agosto de 2023, que dispuso el reenvío del expediente al tribunal de origen.
La denuncia también detalló actuaciones más recientes, entre ellas pedidos de pronta resolución a la presidenta del STJ presentados en octubre de 2024 y agosto de 2025, así como una última intervención administrativa registrada en noviembre de 2025, sin que —según el denunciante— se hubiera producido una decisión de fondo. Pese a ese planteo, la mayoría legislativa consideró que no correspondía avanzar con el juicio político y resolvió rechazar la acusación.
RUP
