La Cámara de Diputados de la Nación se encamina a una sesión clave prevista para el martes 8 de octubre, en la que la oposición buscará avanzar con un proyecto de ley que modifica el Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y podría representar una nueva derrota legislativa para el oficialismo.
Aunque inicialmente se había barajado el miércoles 1 de octubre como fecha tentativa, en las últimas negociaciones entre los secretarios parlamentarios de la Cámara de Diputados surgió el 8 como la opción más viable.
El eje del temario será una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado y que la oposición espera dictaminar este martes en el plenario de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamentos, presididas por Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) y Silvia Lospennato (PRO), respectivamente.
El proyecto propone que los DNU puedan ser rechazados por una sola de las dos cámaras para perder validez, cuando hoy la ley exige el rechazo por los dos tercios de ambas.
Además, fija un plazo de 90 días corridos para que ambas cámaras aprueben los decretos con mayoría absoluta, sin excepción.
También establece que los DNU deberán limitarse a una única materia específica, lo que, de aprobarse, invalidaría formatos como el Decreto 70/23 que desburocratizó organismos estatales.
“Si lo logran, el presidente Javier Milei va a poder seguir gobernando por decreto como hasta ahora y va a saltear el Congreso. Nos va a convertir en algo peor que una escribanía”, advirtió un diputado opositor que impulsa la norma.
La intención de los bloques no oficialistas, entre ellos Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, Democracia y un sector del PRO, es insistir con la norma antes del recambio legislativo del 10 de diciembre, previendo un eventual veto presidencial.
Otra parte del temario incluye iniciativas impulsadas por gobernadores, como las modificaciones al reparto del impuesto a los combustibles líquidos y un proyecto ya aprobado en el Senado que propone cambios en los pagos de los Adelantos del Tesoro, estableciendo que sean diarios y equivalentes a los criterios de coparticipación.
El oficialismo, a través del nuevo Ministerio del Interior, intenta recomponer el vínculo con los mandatarios provinciales para desactivar estos proyectos, en medio de reclamos de los organismos internacionales de crédito y del gobierno de Estados Unidos, que presionan por una base política más sólida para avanzar con reformas estructurales.
Varios gobernadores que participaron recientemente de una cumbre en Bariloche estarían dispuestos a retomar el diálogo con el Ejecutivo, aunque después de las elecciones.
El temario también podría incluir pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la reglamentación de la Ley de Discapacidad, cuya implementación, según denuncian desde varios bloques, se ha vuelto inviable.
En medio de un clima de desconfianza hacia el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, sectores de la oposición buscarán emplazar a dicha comisión para garantizar el debate sobre el Presupuesto 2026 y evitar una suspensión como la que ocurrió el año pasado.
La propuesta incluiría un cronograma cerrado de encuentros con funcionarios del Ejecutivo, con fechas establecidas de inicio y cierre.
