La Agencia Nacional de Discapacidad (AND) derogó la Resolución 187/2025, que establecía el Baremo 2025 para la evaluación de invalidez en pensiones no contributivas, debido a observaciones técnicas y la necesidad de alinear los criterios con normativas internacionales. En este contexto, Tatiana Antúnez, presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, analizó la derogación. Señaló que la eliminación de criterios obsoletos como “idiota” o “retrasado” es positiva, pero la falta de una nueva escala de valores genera incertidumbre.
Aunque Antúnez destacó que mientras la AND trabaja en una nueva reglamentación, los médicos auditores aplican criterios propios, lo que afecta a miles de beneficiarios. La preocupación principal radica en la falta de claridad en los procedimientos y la desinformación que circula, y esto podría dejar a muchas personas vulnerables sin sus pensiones.
Antes de analizar la medida, Antúnez aclaró la manera en la que enfrentan cada nueva decisión de la Agencia Nacional desde el Consejo Provincial: “Constantemente estamos tratando de actualizarnos con la información, sobre todo en estos últimos tiempos que han cambiado muchísimo constantemente”.
“En principio, para nosotros puede ser una puerta de esperanza de que se haya derogado la utilización de este modelo médico para la evaluación. Se utilizaban conceptos como idiota, imbécil, débil mental para referirse a personas con discapacidad intelectual en la evaluación; pero a la vez se da una baja de este decreto sin dar una alta de nuevos criterios. Entonces, lo que sucede es que las auditorías continuas quedan sin un criterio claro de evaluación. A partir de hoy, los médicos que están realizando las auditorías pueden tomar criterios propios porque tenemos un vacío legal hasta que la Agencia Nacional establezca un nuevo criterio médico más acorde y adecuado para las evaluaciones. Tiene su ventaja, pero también estamos en una situación de incertidumbre al no saber específicamente cuáles van a ser los nuevos criterios”, explicó Antúnez.
En este sentido, aclaró que, a pesar de la derogación “las auditorías continúan. Lo único que se deja sin efecto son los criterios médicos de la evaluación”. En este punto, especificó: “Se deroga ese decreto, pero lo demás sigue vigente. Esta mañana en una consulta a la Agencia Nacional, nos manifestaron que todo sigue de la misma manera, pero que la Agencia está trabajando en un nuevo Baremo. Para nosotros esto no garantiza la transparencia en el proceso de evaluación”.
En consecuencia, repasó “El Baremo anterior era bastante anticuado en algunos términos, obsoleto y también vulneraba ciertos derechos y, de alguna manera, al ser tan inflexible excluía a cierta población de esta evaluación, hoy no hay ningún criterio”.
Esta falta de criterios definidos genera, según Antúnez, preocupación: “Hoy estamos esperando. La Agencia Nacional nos manifestó esta mañana que están trabajando en un nuevo baremo. Esa es la respuesta de la Agencia Nacional”.
Ante esta situación sostuvo: “Es una incertidumbre para todos, para los equipos que están trabajando en este proceso de evaluación para nosotros, de las instituciones que nos vienen a consultar y también para las personas, porque no hay un procedimiento claro, porque en este proceso de cambio, al no establecer y no anticiparse a las situaciones, generás un nivel de incertidumbre enorme en personas que están en situación de vulnerabilidad y que ya desde hoy están con mucha incertidumbre porque no les llegan las cartas de documento, porque no pueden acceder a la información”.
Respecto al número de personas, la licenciada en Trabajo Social sostuvo: “Sabemos que llegaron más de 115000 cartas de documento a Misiones”.
De esta manera, afirmó: “No todas son por discapacidad, porque cuando uno habla de atención por invalidez laboral todos piensan que es específicamente discapacidad y en realidad incluye también a adultos mayores y madre de 7 hijos que fueron otorgados en su momento legalmente bajo decretos que había establecido a nivel nacional y que hoy están en observación”.
En virtud de ello, Antúnez confirmó que todas las pensiones están bajo auditoría, excepto las informadas por Agencia Nacional, excepto pensiones de niños y niñas. Los niños y niñas quedaron fuera de estas evaluaciones y los que ya han sido evaluados en el año 2024.»
En este punto, definió que se le presenta una problemática en lo que refiere a la diferencia entre el certificado médico oficial y el CUD: “Es necesario aclarar que el certificado único de discapacidad es un derecho, no es una obligación. Por lo tanto, de las pensiones con discapacidad, hay muchas personas que no van a contar con el certificado único de discapacidad por decisión propia o por cualquier motivo por el cual no haya podido acceder. Pero eso no quiere decir que la invalidez laboral no haya sido certificada por un médico al momento de haber presentado la solicitud”, observó.
A causa de esto, la presidenta del consejo de discapacidad misionero reconoció que ante esta dinámica de cambios constante por las políticas nacionales circula mucha desinformación y la falta de comunicación complican la situación: “Hay mucha confusión, hay mucha desinformación y es muy difícil con tantos cambios en el medio ir mejorando la comunicación porque muchas veces ni a nosotros, que son las instituciones que asesoramos, nos llega bien la información”.
Por eso, Antúnez advirtió sobre el riesgo de que muchas personas queden desamparadas: “Hay muchas personas a las que no les llegó la comunicación, es decir, nosotros tenemos un territorio grande y tenemos mucho en la ruralidad. Entonces, las personas que están en la ruralidad son a las que más les cuesta llegar a la información y también que les llegue una carta documento. Nosotros tenemos muchísimas consultas que nos están llegando de personas que quieren saber cuándo es la fecha de esta auditoría, a personas que no les llegó la carta documento, pero sí ya habían sido citados”.
Además, según Antúnez este desfase en la comunicación entre Nación y los beneficiarios es la razón por la que “las personas no pueden comunicarse”. De este modo, narró que los afectados “envían correos para especificar sus necesidades y no obtienen respuesta o rebotan los correos porque el correo de la Agencia Nacional está saturado”.
En este orden de las cosas “entendemos que va a pasar de que mucha gente, por incomparecencia por haber faltado más de una vez, que ahora los vuelven a citar, ya que si nos vuelven a citar y no asisten, es posible que se dé la baja de su pensión no contributiva”, auguró.
Por ende, “puede ser que haya mucha gente que no cumpla con los criterios, pero aquí también va a haber muchísima gente que queda afuera por no acceder a la información”, completó.
Fuente: Misiones Online
