El senador nacional por Misiones acompañó las modificaciones incorporadas durante el debate legislativo y firmó el dictamen con disidencias parciales en dos puntos: recursos presupuestarios específicos y participación de las provincias en la implementación.
El senador nacional Dr. Carlos Arce, vicepresidente de la Comisión de Salud del Senado, participó del tratamiento del proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental y destacó los cambios incorporados al texto enviado originalmente por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, planteó dos aspectos que considera fundamentales para su aplicación y, por ese motivo, firmó el dictamen con disidencias parciales.
Durante el debate, Arce valoró el trabajo realizado en el Senado para actualizar distintos aspectos de la legislación vigente, entre ellos el reconocimiento de los equipos interdisciplinarios, la participación de las familias en los procesos de atención y la incorporación de herramientas como la teleconsulta. También destacó la importancia de contemplar las distintas realidades sanitarias de las provincias, especialmente en lo referido a la disponibilidad de profesionales y la organización de los servicios de salud mental.
Dos puntos pendientes: presupuesto y federalismo
El legislador explicó que su disidencia se concentra, en primer lugar, en la ausencia de un financiamiento nacional expresamente establecido para implementar la reforma.
“Tiene que ser muy preciso el financiamiento nacional, que se traduzca en partidas presupuestarias identificables, criterios públicos y convenios con plazos de transferencia y mecanismos de rendición de cuentas”, sostuvo.
En segundo término, reclamó que la implementación de la ley se articule con el Consejo Federal de Salud (COFESA) y el Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (COFESAMA), ámbitos de coordinación entre las jurisdicciones sanitarias.
Arce consideró necesario que ambos consejos participen activamente en la definición y el seguimiento de las medidas, teniendo en cuenta que las provincias son responsables de gran parte de la atención sanitaria y conocen las necesidades de sus respectivos territorios.
De esta manera, el senador reconoció los avances alcanzados durante el tratamiento parlamentario, pero insistió en que la actualización de la Ley de Salud Mental debe estar acompañada por recursos concretos y una coordinación efectiva entre la Nación y las provincias, para garantizar su implementación y el acceso a los tratamientos en todo el país.
