En el Congreso de la Nación Argentina, un conjunto de legisladores de la oposición presentó un proyecto de ley orientado a reformar el régimen de licencias por parentalidad. La propuesta fue impulsada en las últimas horas por diputados de distintos espacios políticos y plantea una transformación estructural del modelo actual. El eje central es la ampliación de la licencia por paternidad a 30 días corridos, en reemplazo de los actuales dos días establecidos por la legislación laboral vigente, con el fin de adecuar el sistema a nuevas dinámicas familiares, garantizar mayor participación en el cuidado de los hijos y modificar la forma de financiamiento mediante la seguridad social.
El texto contempla un esquema de transición: durante los primeros dos años de implementación, la licencia para progenitores no gestantes sería de 20 días, antes de alcanzar los 30 definitivos. Además, se incorpora una licencia parental adicional y compartida de 20 días, que podrá distribuirse entre ambos progenitores durante el primer año de vida del niño, de forma continua o fragmentada.
Otro de los puntos relevantes del proyecto establece que las personas adoptantes accedan a 30 días de licencia laboral, computados desde la notificación judicial de la guarda. A esto se suman licencias extraordinarias de 5 días adicionales para casos de nacimientos múltiples, prematuros, internaciones neonatales o situaciones de discapacidad o enfermedad crónica del recién nacido.
La iniciativa también introduce un cambio estructural al incorporar a trabajadores autónomos y monotributistas dentro del régimen de asignaciones parentales. Este sector recibiría cobertura equivalente en días y una compensación basada en el Salario Mínimo Vital y Móvil neto, siempre que cumpla requisitos de antigüedad de 18 meses y no registre deudas con organismos recaudadores.
En cuanto al financiamiento, el proyecto establece que todas las licencias serán cubiertas por el sistema de seguridad social, eliminando la carga directa sobre los empleadores. Según el texto, este esquema busca mejorar la equidad del sistema y evitar impactos económicos sobre el sector privado, garantizando al mismo tiempo la continuidad de aportes previsionales y cobertura médica durante el período de licencia.
La propuesta es encabezada por la diputada Vanesa Siley y cuenta con las firmas de Nicolás Massot, Mónica Frade, Esteban Paulón, Karina Banfi, Sergio Palazzo, Kelly Olmos, Mario Manrique, Maximiliano Ferraro y Marina Salzmann, entre otros legisladores de distintos bloques.
