Posadas. El presidente del Colegio de Abogados de Misiones, Antonio López Forastier, analizó dos de los temas que marcarán la agenda judicial de la provincia: la designación del nuevo integrante del Superior Tribunal de Justicia y la próxima reforma del Código Procesal Penal, que incorporará el sistema acusatorio.
El presidente del Colegio de Abogados de Misiones, Antonio López Forastier, analizó dos de los temas que marcarán la agenda judicial de la provincia: la designación del nuevo integrante del Superior Tribunal de Justicia y la próxima reforma del Código Procesal Penal, que incorporará el sistema acusatorio.
Respecto de la propuesta para que el doctor Andrés Poujade integre el máximo tribunal provincial, López Forastier aclaró que la institución no presenta objeciones sobre el postulante, aunque insistió en la necesidad de ampliar los mecanismos de selección.
“Nosotros venimos sosteniendo desde hace tiempo a través del Colegio de Abogados que las designaciones del Superior deben ser lo más amplias posibles”, afirmó.
En ese sentido, recordó que el Colegio viene planteando la necesidad de generar instancias públicas de discusión para cargos de semejante relevancia institucional.
“Entendemos que son cargos que deben reunir el mayor consenso posible para su designación, ya que es un cargo prácticamente vitalicio y que luego pasa a integrar el más alto cuerpo de justicia de la provincia”, señaló.
La representación de la abogacía en el Superior Tribunal
Uno de los puntos centrales planteados por el titular del Colegio fue la necesidad de incorporar perfiles provenientes del ejercicio profesional de la abogacía.
“La mitad del servicio de justicia está compuesto por los abogados y la otra mitad por jueces y funcionarios judiciales. Entonces entendemos que a este Superior le falta la representación de la abogacía, del abogado del otro lado del mostrador”, sostuvo.
Según explicó, “el último ministro que representó a la abogacía fue el doctor Mario Castelli. Luego del cual fueron todos magistrados y funcionarios”, recordó.
Para López Forastier, “el mecanismo de selección entendemos que debería ser un poco más amplio, con un debate público donde haya un proceso de oposiciones”, indicó.
Y agregó: “Nosotros transmitimos la voz del justiciable, que es aquella persona que tiene por distintas circunstancias que intervenir en el ámbito judicial. Somos quienes traducimos esa realidad que vive del otro lado”.
No obstante, aclaró que las observaciones no están dirigidas a la figura de Poujade: “En lo que respecta al doctor Puyades no tenemos objeciones, tiene una formación adecuada desde el punto de vista técnico”, expresó.
A su entender, Misiones debería avanzar hacia un modelo similar al utilizado para la designación de jueces de la Corte Suprema nacional.
“No olvidemos que cuando vamos a designar un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se proponen tres candidatos y se hacen audiencias públicas con una oportunidad de la sociedad de expresarse. Bueno, eso sería lo adecuado para Misiones”, afirmó.
Una deuda pendiente de la Justicia misionera
Consultado sobre la reforma del Código Procesal Penal que tomará estado parlamentario la próxima semana, López Forastier confirmó que el Colegio participó activamente en la elaboración del anteproyecto.
“Sí, efectivamente el Colegio estuvo representado en la comisión del anteproyecto que se debatió entre la Procuración, miembros del Poder Judicial y el Colegio tuvo efectivamente representación en esa mesa en la que estuve personalmente”, señaló.
Para el abogado, la incorporación del sistema acusatorio representa un paso necesario para modernizar la Justicia provincial.
“Misiones es una de las cuatro provincias que todavía no se había adecuado al régimen acusatorio, adversarial”, remarcó.
Explicó que el principal cambio consiste en separar claramente las funciones de investigación y juzgamiento.
“Hoy en Misiones quien investiga y quien juzga es el mismo juez y eso, en cualquier sistema que pretenda ser independiente, es imposible porque es el mismo juez que investiga y recae sobre su misma persona investigar y a su vez juzgar la legalidad de sus propios actos”, explicó.
Con el nuevo esquema, el rol de cada actor cambia sustancialmente: “El juez no es parte de la investigación sino el fiscal. El juez vela porque las reglas procesales se lleven a cabo dentro de la ley y en un margen de equidad. Un fiscal acusa, el abogado defensor efectúa su defensa y el juez únicamente se reserva esta función de juez de garantías”, detalló.
Más garantías, pero también más recursos
López Forastier consideró que la reforma permitirá adecuar el sistema judicial a principios constitucionales ya vigentes.
“Desde el punto de vista jurídico se adecuan los preceptos constitucionales. El Código de Procedimiento que tenemos vigente hoy en la provincia de Misiones fue declarado inconstitucional en cuanto a la forma”, indicó.
Asimismo, destacó que el nuevo modelo fortalece los derechos de las personas sometidas a procesos penales: “Mejoran esas garantías que uno pueda, cuando es sometido a un proceso judicial, tener mayores y mejores cantidades de garantías y defensas”, sostuvo.
Sin embargo, advirtió que la transformación requerirá importantes cambios estructurales. “Desde lo práctico y desde el punto de vista de la realidad concreta va a llevar un proceso bastante largo”, afirmó.
El principal desafío, según explicó, será la escasez de magistrados y fiscales. “Tenemos 20 fiscales en toda la provincia y se estima que este tipo de procesos, para que funcione adecuadamente, al menos va a tener que tener entre 50 y 60”, señaló.
Antonio López Forastier, presidente del Colegio de Abogados
También cuestionó el crecimiento de la estructura administrativa sin una expansión equivalente en los cargos judiciales.
“El Poder Judicial de Misiones en los últimos diez años duplicó el personal que no representa a los jueces. Sin embargo, la cantidad de jueces solamente creció entre un 13 y un 14 por ciento”, aseguró.
Según detalló, en 2014 existían alrededor de 2.700 empleados judiciales y actualmente son cerca de 4.700, mientras que la cantidad de magistrados pasó de aproximadamente 120 a 170.
“Tiene muy poca cantidad de magistrados y mucho personal, y este sistema se apoya en la existencia de muchos fiscales y muchos jueces”, enfatizó.
Por ello, consideró que la reforma es apenas el punto de partida de un proceso más amplio: “El sistema es correcto y es un buen avance, pero no va a resolver la problemática en el corto plazo. Es el punto de inicio de un proceso de transformación de la justicia penal que por lo menos va a llevar cinco años”, afirmó.
El juicio por jurados quedó para una etapa posterior
Finalmente, López Forastier confirmó que durante el debate del anteproyecto también se analizó la incorporación del juicio por jurados, aunque esa posibilidad quedó postergada: “Eso se debatió mucho y la intención estaba”, reveló.
No obstante, explicó que el sistema requiere una implementación gradual. “Entiendo que se dejó prevista la posibilidad de que en un futuro, por una ley especial, se incorpore. Es decir, el código no cierra la posibilidad, pero no va a ir incorporado en este anteproyecto”, precisó.
A su criterio, primero debe consolidarse el funcionamiento del sistema acusatorio. “El juicio por jurado requiere primero la implementación del sistema acusatorio funcionando correctamente y sobre eso se le agrega un elemento más que son los juicios por jurado”, concluyó.
