El megaproyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso suspende la movilidad previsional, autoriza al Poder Ejecutivo a establecer una fórmula de ajuste de las jubilaciones y pensiones y a otorgar en forma discrecional “aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”.
Asi figura en el proyecto de ley que, entre otros rubros, declara la Emergencia Previsional, estableciendo una delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo en materia previsional, entre otros temas.
En el cuestionado DNU 70/2023 ya estaba declarada la Emergencia previsional hasta el 31 de diciembre de 2025. En el megaproyecto de ley establece que dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por otros 2 años más. Y deja abierta la posibilidad de que el Gobierno introduzca otros cambios o reformas más amplias en base a la delegación de facultades que el Congreso está haciendo en favor del Ejecutivo, e incluso «se aplicarán a todas aquellas disposiciones que se dicten posteriormente y hagan referencia expresa a la emergencia pública que se declara».
Tampoco el proyecto determina cómo aumentarán las prestaciones sociales que hasta ahora se ajustan cada 3 meses por la fórmula de movilidad, caso pensiones no contributivas, AUH y Asignaciones Familiares, y que abarca en total a más de 17 millones de personas.
Se descuenta que al suspender la fórmula de movilidad, también los aumentos para jubilados y otras prestaciones serían por decreto del Poder Ejecutivo. El megaproyecto no fija con qué criterios y periodicidad se otorgarán esos aumentos por decreto y si deben ser superiores a los que resultarían de la movilidad suspendida.
El proyecto deja en manos del Ejecutivo aprobar una nueva fórmula de movilidad sin pasar por el Congreso. Hasta ahora, por ejemplo, las fórmulas de movilidad, como la vigente durante el gobierno CFK, MM y AF fueron discutidas y aprobadas por el Congreso Nacional. Y en relación a los aumentos que pudiera otorgar el Gobierno, el proyecto excluye en principio a los jubilados y pensionados de haberes más altos porque fija que «prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”. como se vino aplicando durante el anterior Gobierno de AF y que fueron muy criticadas por las asociaciones de jubilados, de abogados previsionalistas y por la oposición.
