Los jubilados que reclaman aumentos de sus haberes volverán a realizar este miércoles su habitual marcha frente al Congreso, aunque esta vez serán acompañados por dirigentes y afiliados de los sindicatos de la CGT y las dos CTA, previo al paro general del jueves.
Según informaron, la decisión del juez Gallardo estuvo basado en hechos hipotéticos y sin un caso judicial concreto que justificara su accionar. Además, recordaron que la Cámara de Apelaciones y el Ministerio Público Fiscal ya habían resuelto que solo la Justicia federal puede intervenir cuando se trata de fuerzas federales.
En una de las últimas marcha de jubilados, la del 12 de marzo, a la cual se sumaron hinchas de diversos equipos de fútbol, las fuerzas de Seguridad reprimieron brutalmente, lo que dejó una gran cantidad de destrozos, heridos, y detenidos.
CABA apeló el fallo judicial sobre la seguridad de la marcha de jubilados de este miércoles
La gestión de Jorge Macri, a través de la Procuración General, presentó la apelación y pidió que se revoque el fallo del juez Roberto Gallardo sobre el control del operativo de seguridad por la manifestación de mañana en el Congreso. En este sentido, desde la administración porteña solicitaron que se eleve en forma urgente a la Cámara del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo para su inmediato tratamiento, a tan solo 36hs de la marcha y movilización anunciada para este miércoles.
“Una manifestación es un fenómeno dinámico, imaginar que detrás de un escritorio alguien va a poder escribir que la Policía da cinco pasos y otro tiene que agarrar la situación cuando hay que hacer cumplir la ley me parece forzado. Hay que ver cómo se va desarrollando la dinámica de la manifestación«, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en referencia a la apelación de la Ciudad.
En la previa a una nueva marcha – en la que dirán presentes jubilados y distintos gremios en la previa del paro general del próximo jueves 10 de abril – el recurso presentado por la Ciudad considera improcedente la medida precautoria dictada por “la evidente falta de constatación de requisitos legales para su procedencia, la arbitrariedad de la medida y la ostensible falta de fundamentación, el apartamiento del debido proceso legal y por afectar la división de poderes”. Según los fundamentos que expuso la Procuraduría en su apelación, la resolución del juez Gallardo «es nula».
Fuente: Ámbito
