La motosierra de Javier Milei destruye las jubilaciones, los salarios, la educación, la cobertura para discapacidad, los medicamentos oncológicos, los alimentos para comedores sociales, la obra pública, la libertad de expresión y otros derechos, pero si hay algo que permanece intacto son los privilegios del Poder Judicial. Quedó en evidencia en un reciente debate en la Comisión de Administración del Consejo de la Magistratura, con un ejemplo nítido: al menos un grupo de jueces federales dispone para moverse por la vida de los autos de lujo secuestrados en causas de narcotráfico u otras formas de crimen organizado que la Corte Suprema les asigna “por (supuestas) razones de mejor servicio de justicia”. Acumulan multas en feriados, fines de semana y madrugadas. Tienen gastos millonarios y pasan tickets extra de la nafta. ¿Quién paga? El propio Consejo, con el dinero de las y los contribuyentes.
El auto de alta gama de un juez de la Cámara Federal de Casación Penal, máxima instancia penal del país, acumula multas por casi 11 millones de pesos, en feriados –como Navidad– inclusive. El de un compañero suyo de tribunal suma cerca de 8 millones en infracciones, con reincidencia en el exceso de velocidad. Un integrante de la Cámara Federal reclamó compensaciones por 1,6 millones en combustible y arreglos porque alega que con los fondos que recibe no le alcanza. El Consejo de la Magistratura dijo que no está bien lo que pide, pero decidió hacer reiteradas excepciones.
La acordada de la Corte que blanqueó en 2018 este sistema para repartir bienes secuestrados en causas penales, producto de presuntos delitos, justifica: «Resulta de toda justicia asignar a estos bienes una finalidad de utilidad pública, de modo tal que, a la par de asegurarse su conservación, toda la sociedad se beneficie de ellos».
En este sentido, con medidas como las que se adoptan relacionadas a la recuperación de activos que se obtienen de actividades de carácter delictivo, se beneficia directamente a la población».
Para monitorear «el cumplimiento de lo aquí establecido», agrega, en el ámbito de la Corte se crea «una comisión judicial» que estará a cargo de «los presidentes de las cámaras nacionales y federales, con competencia en materia penal». No sólo el presidente de Casación, Petrone –quien se supone que integra esa comisión– tiene su auto obtenido de una causa penal. También lo tiene Mariano LLorens, titular de la Cámara Federal, quien suele fallar sistemáticamente contra CFK. Hasta llegó a pedir en un voto que le hagan juicio político. Tiene desde el 3 de agosto de 2022 una Chevrolet Cruze cedida por la Corte que pertenecía al narco mendocino Luis Alberto Nievas Quesada condenado a 17 años de prisión en 2021. Tiene seis multas.
Andrés Basso, quien integra el tribunal que condenó a Cristina Fernández de Kirchner a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y preside la Asociación de Magistrados, recibió una camioneta Toyota Hilux en la tanda de diciembre de 2024. Le tocó la del narco Samuel Fajardo Vilaja, condenado en 2021 a siete años de prisión por tráfico de 16 kilos de cocaína. Tiene 65 multas acumuladas por la friolera de 4.023.910 pesos. Una, por caso, del feriado del 24 de marzo a la madrugada y del sábado anterior a la noche.
Los extras de Bertuzzi
Pablo Bertuzzi es uno de los jueces que integran la Cámara Federal sin haber concursado para ese cargo sino por un mecanismo de traslado que implementó el macrismo, y que la Corte cuestionó, pero nada ha cambiado. Es parte de una sala que suele fallar sistemáticamente a favor de Mauricio Macri o sus intereses y en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Tailhade llevó su historial para mostrar cómo pasa reclamos para cubrir gastos del Renault Fluence que le asignó el alto tribunal en 2021. Su argumento es que el dinero que le otorgan oficialmente no le alcanza. En septiembre de 2024 pidió un reintegro de 63.000 pesos y otro de 30.000, en diciembre reclamó 143.000, seis días después 925.000 y en febrero 500.000. El Consejo le hace señalamientos, pero igual le devuelven la plata como situación excepcional.
«He visto hasta un pedido de devolución de 16.000 pesos del juez Bertuzzi que debe cobrar 10 millones de pesos», exclamó el diputado de UxP. «No hay plata para ambulancias, patrulleros –agregó– pero sí para los camionarcos de los jueces que no respetan la más mínima ley. No pagan ganancias, viven en la opulencia y disfrutan de los privilegios que ellos mismos se dan».
