El conflicto judicial llegó a su fin luego de que el tribunal mendocino emplazara a la fabricante de las gaseosas Manaos a abonar la suma millonaria. El demandante prestó servicios para la compañía entre 2013 y 2022 en las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, pero denunció que su vínculo no contaba con la inscripción correspondiente y que el cese de su actividad se produjo sin una causa justificada.
Orlando Canido, dueño de la empresa, manifestó anteriormente su descontento con el avance de la causa, que tuvo su origen en la Cámara Segunda del Trabajo de San Rafael. En aquella primera instancia el monto de la indemnización se fijó originalmente en 1.500 millones de pesos, una cifra que generó una fuerte apelación por parte de los abogados de la compañía y que finalmente el tribunal superior decidió reducir a casi la mitad.
Relación laboral encubierta y ajuste de intereses
La resolución de la Corte Suprema mantuvo los pilares de la condena principal. Los jueces determinaron que existieron irregularidades administrativas y que el distribuidor cumplió con todas las condiciones de un empleado dependiente bajo una fachada contractual diferente. Sin embargo la reducción del monto total respondió a una modificación técnica en la aplicación de los intereses acumulados.
El tribunal decidió aplicar la tasa de préstamos de libre destino del Banco Nación, una medida que permitió equilibrar la reparación económica para el trabajador con las capacidades financieras de la empresa. Con este fallo se ratificó el derecho del ex distribuidor a percibir los haberes y beneficios que no recibió durante sus nueve años de gestión comercial en el oeste argentino.
Un precedente para el sector de distribución.
La sentencia de la justicia mendocina sentó un precedente importante para las empresas de consumo masivo que operan con redes de distribuidores externos. El fallo remarcó la importancia de la correcta inscripción laboral y advirtió sobre las consecuencias legales de mantener vínculos comerciales que, en la práctica, funcionan como relaciones de dependencia directa.
Refres Now SA ya fue notificada de la decisión final y deberá proceder al pago de los 800 millones de pesos en los plazos establecidos por el tribunal. Por su parte la defensa del trabajador demostró el fallo como una victoria necesaria tras años de litigio para reconocer la verdadera naturaleza de su trabajo en la zona de Cuyo.
