Las fuerzas de seguridad argentinas acumulan más de medio millón de chalecos antibalas obsoletos que permanecen almacenados en depósitos públicos sin un proceso definitivo de destrucción. Una auditoría detectó miles de unidades vencidas dentro de organismos federales y parte de ese material apareció en manos de organizaciones criminales, lo que encendió alertas sobre la trazabilidad y disposición final de estos elementos.
Las fuerzas de seguridad de todo el país acumulan más de medio millón de chalecos antibalas obsoletos, según estimaciones de la industria, mientras parte de ese material fuera de servicio apareció en circuitos ilegales y en poder de organizaciones criminales.
Los chalecos utilizados por las fuerzas policiales y de seguridad cuentan con una vida útil certificada de cinco años, período establecido por el Registro Nacional de Armas (RENAR) y respaldado por los fabricantes. Una vez cumplido ese plazo, los elementos deben ser retirados debido a que ya no puede garantizarse su nivel de protección balística.
Sin embargo, la baja efectiva de estos materiales no fue resuelta en gran parte de los organismos de seguridad. Una auditoría interna realizada por el Ministerio de Seguridad de la Nación en 2024 determinó que Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal Argentina contaban con 76.812 chalecos, de los cuales 49.159 estaban vencidos, lo que representaba el 64% del total relevado.
A esos registros se suman los inventarios pertenecientes a policías provinciales y fuerzas municipales. De acuerdo con estimaciones del sector industrial, las unidades obsoletas acumuladas en todo el país superarían el medio millón.
En septiembre de 2024, el entonces vocero presidencial Manuel Adorni reconoció la situación al anunciar la incorporación de nuevos equipos para las fuerzas federales. “Los policías usaban chalecos vencidos”, afirmó al referirse al estado del equipamiento existente hasta el 10 de diciembre de 2023.
El problema también se registró en distintas jurisdicciones provinciales. La Policía de la Ciudad retiró 6.147 chalecos vencidos o deteriorados, mientras que Córdoba incorporó 17.000 unidades ante un faltante operativo. En Entre Ríos, la fuerza provincial repuso 1.300 chalecos luego de admitir que la mayoría de los disponibles “estaban vencidos”.
Chalecos vencidos y su posible reutilización ilegal
El riesgo asociado a la acumulación de estos elementos quedó expuesto en investigaciones judiciales. En febrero de 2026, el armero de una banda de sicarios conocido como “El Negro Juan” fue detenido en Córdoba con un chaleco antibalas perteneciente a la Policía provincial, además de una ametralladora de fabricación israelí y otras armas.
Los especialistas explican que, aunque los paneles balísticos pierden la certificación de protección al superar su fecha de vencimiento, pueden conservar parte de sus propiedades. Por ese motivo, si no son destruidos correctamente, existe la posibilidad de que sean reutilizados.
Según los investigadores y expertos del sector, estos materiales pueden emplearse clandestinamente para fabricar nuevos paneles balísticos, blindajes, escudos u otros chalecos, lo que representa un riesgo para la seguridad pública.
El proceso de destrucción de los materiales
La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) estableció una normativa específica dentro de los Materiales de Usos Especiales (MUEs) para regular la destrucción de chalecos antibalas y habilitó a empresas privadas para llevar adelante el procedimiento.
En 2021, el organismo había ordenado la destrucción de 3.446 chalecos defectuosos fabricados por Fabricaciones Militares y entregados a la Policía bonaerense. Un año después, en 2022, dispuso una medida similar sobre otro lote perteneciente a la Policía de la Ciudad.
Sin embargo, esas órdenes no pudieron concretarse debido a la falta de capacidad tecnológica disponible en ese momento para realizar la destrucción de manera adecuada.
Actualmente, Argentina cuenta con dos máquinas habilitadas bajo la normativa de la ANMaC para destruir materiales balísticos. Ambas pertenecen a Tecnología Antibalas S.A. (Tecant), una empresa especializada en el tratamiento de estos elementos.
El procedimiento consiste en fragmentar los paneles, etiquetas y fundas de los chalecos para impedir cualquier reutilización posterior. Una vez finalizado el proceso, se emite un certificado de destrucción que permite garantizar la trazabilidad del material.
Desde la industria señalan que el país actualmente dispone de la capacidad técnica, el marco normativo y las empresas necesarias para resolver la acumulación de chalecos obsoletos. Sin embargo, la aplicación de estas herramientas depende de las decisiones que adopten los gobiernos nacional, provinciales y municipales.
La falta de destrucción sistemática de los equipos vencidos mantiene acumulado un volumen millonario de elementos que, pese a haber quedado fuera de servicio, continúan representando un desafío para la seguridad y el control del armamento y equipamiento policial.
