Un médico de 70 años fue detenido en la capital misionera, acusado de encabezar maniobras fraudulentas mediante certificados médicos apócrifos que habrían perjudicado a organismos públicos y privados.
Un operativo policial realizado este jueves en el centro de Posadas concluyó con la detención de Manuel Ramón G., de 70 años, quien fue detenido acusado por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos, estafas y ejercicio irregular de la profesión.
El procedimiento se llevó adelante en una vivienda ubicada sobre calle Colón, bajo las órdenes del juez de Instrucción N.º 2, Juan Manuel Monte, con intervención de efectivos de la Comisaría Primera de la Unidad Regional I.
Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron 27 certificados médicos presuntamente falsificados, recetarios, sellos profesionales, documentación variada y cerca de dos millones de pesos en efectivo. También se incautó el teléfono celular del acusado, que será sometido a peritajes. El médico permanece alojado en la Seccional Primera y fue citado a prestar declaración indagatoria el próximo lunes.
Según la pesquisa, los certificados habrían sido utilizados en maniobras defraudatorias que afectaron al Instituto Provincial de Loterías y Casinos (Casino Club), al Ministerio de Educación, al Servicio Penitenciario Federal y a diversas empresas privadas. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por Casino Club S.A., que puso en conocimiento de la Justicia la utilización de documentación apócrifa.
Antecedentes disciplinarios
El detenido ya había sido sancionado en 2018 por el Colegio de Médicos de Misiones, cuando el Tribunal de Ética le suspendió la matrícula profesional por 45 días en el marco de dos expedientes que confirmaron la emisión de certificados médicos irregulares. En aquella oportunidad, la sanción incluyó la difusión pública de la medida y la prohibición de ejercer durante el período estipulado.
Pese a esa sanción, el profesional continuó desarrollando su actividad y se presentaba como cirujano y especialista en psiquiatría, aunque no contaba con habilitación para extender certificados en esa especialidad.
En la actualidad, además del Juzgado de Instrucción interviniente, la Fiscalía y nuevamente el Colegio de Médicos tomaron conocimiento de los hechos para determinar responsabilidades administrativas y penales.
