Posadas. Micaela Gacek, candidata a diputada nacional por el Frente Renovador, solicitó a la Legislatura provincial que investigue a las diputadas Blanca Alves y Elisa Goring por presuntas pensiones por discapacidad mal otorgadas. “Que se sometan a una junta médica que determine el grado de discapacidad. Si no es real, estaríamos ante un posible caso de clientelismo a la militancia”, apuntó.
Gacek explicó el motivo de su presentación ante la Cámara de Diputados de Misiones. El pedido, dirigido a Oscar Herrera Ahuad, presidente de la Legislatura, apunta a esclarecer las denuncias sobre beneficios previsionales obtenidos por militantes del Partido Agrario y Social (PAyS).
Cabe señalar que dichas acusaciones salieron a la luz la semana pasada, cuando Roque Gervasoni, titular del Instituto Misionero de Macroeconomía Circular (ex IFAI), acusó en redes sociales a Cacho Bárbaro, cabeza de dicho partido, de gestionar “pensiones truchas” para militantes de su espacio político cuando ocupaba una banca en el Congreso nacional.
“Este pedido que presentamos se da en un contexto donde venimos en Misiones de auditorías que tienen que ver con el tema de discapacidad, donde hemos visto barbaridades en la atención. Siempre que hablamos de personas vulnerables, con algún tipo de discapacidad, me parece que tenemos que hacerlo con todo el respeto y la seriedad que merece la cuestión. Por eso buscamos darle formalidad a lo trascendido”, dijo Gacek.
La candidata confirmó que la presentación se realizó el 15 de septiembre y remarcó que se trata de un primer paso institucional. “Remitimos al presidente de la Cámara un pedido, manifestando nuestra preocupación como la de muchos otros ciudadanos. Nosotros estamos recorriendo la provincia y escuchamos testimonios de vecinos del Alto Uruguay. El caso involucra a dos mujeres: una es diputada en ejercicio y la otra es diputada electa, que asumiría en diciembre”, indicó.
Las mujeres involucradas serían Blanca Alves, quien ocupa una banca en la Cámara desde 2021 y Elisa Goring, diputada electa y esposa del intendente de Colonia Aurora.
“Lo que pedimos, ante el escándalo mediático que pasó la semana pasada, es que el lugar donde ellas ejercen o ejercerían funciones tome cartas en el asunto. Yo no quiero decir que las pensiones que tienen estas señoras fueron mal otorgadas, pero corresponde que aclaren su situación. El pueblo necesita saber si lo que se mencionó es cierto o no. Que mañana mismo salgan y digan cuál es su discapacidad lo cual tampoco impediría que ocupen una banca, pero es necesario aclararlo porque son personas públicas”, sostuvo.
En ese sentido, Gacek recordó que, según información de acceso público, una de las involucradas aparece como beneficiaria de una pensión no contributiva. “Lo más coherente sería que diga cuál es su motivo y que lo demuestre. Si es necesario, que se someta a una junta médica que determine el grado de discapacidad. La ley exige que para ser beneficiario se evalúe el entorno socioambiental y que exista más del 66% de invalidez laboral. Si no es real, estaríamos ante un posible caso de clientelismo a la militancia. ¿Es casualidad que dos representantes del Frente PAYS estén en las mismas condiciones? No quiero afirmar nada, pero es llamativo”, advirtió.
Opinión sobre la marcha universitaria
Por otro lado, la aspirante a ocupar una banca en el Congreso de la Nación también fue consultada sobre la marcha federal universitaria prevista para el día de hoy. Gacek definió su postura en defensa de la educación pública, aunque cuestionó algunos aspectos de la gestión del sistema.
“Nosotros ya hemos definido nuestros ejes de campaña. No estamos en contra de que no haya un presupuesto para las universidades públicas. Defendemos la educación pública, la salud, la seguridad y todos los temas esenciales. Ahora, también es cierto que tenemos a personas que cobran 20 millones de pesos mensuales y que dicen que los aumentos anunciados por el presidente Milei no son suficientes. El Estado necesita atender a las cuestiones básicas. La educación es básica. Pero también es necesario que todos pongamos de nuestra parte. Que digan que quieren auditar una universidad no significa que la quieran cerrar”, afirmó.
Respecto a la Ley de Financiamiento Universitario, manifestó: “Respeto las opiniones de quienes hoy van a una marcha. Siempre que la causa sea justa y no sea política, me parece que está bien, aunque es discutible. Creo que los legisladores actuales estuvieron en contacto con la gente y van a tomar la decisión correcta”.
Fuente: MO
