El Gobierno nacional vetó en su totalidad la Ley de Emergencia Pediátrica para el Hospital Garrahan, en una decisión que se suma al rechazo de la Ley de Financiamiento Universitario y que profundiza la estrategia de ajuste fiscal de Javier Milei.
La medida fue oficializada a través del Boletín Oficial con la firma del Presidente y de todo el gabinete. Según los fundamentos del decreto, la norma implicaba un “impacto fiscal directo” de 115.030 millones de pesos, monto que —según el Ejecutivo— debería cubrirse con reasignaciones presupuestarias que pondrían en riesgo programas sanitarios vigentes.

“El proyecto carece de un financiamiento genuino, erosiona la coparticipación federal y compromete la estabilidad presupuestaria de la Nación y de las provincias”, señaló el texto oficial, que acusó al Congreso de impulsar una medida “bajo la apariencia de defender una causa noble” pero que, en la práctica, “genera un aumento desmedido e irresponsable del gasto público”.
Entre las comparaciones incluidas en el decreto, la Casa Rosada advirtió que el costo de la ley equivalía a un tercio del calendario nacional de vacunas o tres veces el presupuesto destinado a políticas de cobertura en VIH, lepra y tuberculosis.

Un escenario político delicado tras la decisión sobre el Garrahan
El veto llega en un contexto de creciente tensión con los gobernadores y luego de la derrota del oficialismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria se impuso por 13 puntos.
En este marco, la Casa Rosada mantiene en suspenso la definición sobre la Ley de Redistribución Automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), clave para las provincias, cuya resolución se conocería este viernes. La posibilidad de que Milei también la vete genera incertidumbre y preocupación entre los mandatarios nucleados en la alianza Provincias Unidas, que reclaman señales concretas de diálogo.
Para recomponer la relación política, el Ejecutivo designó a Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior y le encomendó a Guillermo Francos la conducción de una mesa de diálogo con los gobernadores. Sin embargo, en el propio oficialismo reconocen que los gestos resultan insuficientes si no se acompaña con mayor flexibilidad en la negociación parlamentaria.
Milei, en cambio, ratificó su postura en redes sociales: “No nos moveremos ni un milímetro del programa económico: equilibrio fiscal, mercado monetario ajustado y bandas cambiarias pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando”.
