Posadas. La Legislatura aprobó en su última sesión ordinaria del año la iniciativa impulsada por Hugo Passalacqua, que incorpora expresamente a las sociedades públicas y mixtas bajo fiscalización del organismo. La norma comenzará a regir en enero de 2027 y establece la presentación de informes anuales ante la Cámara.
De manera unánime, la Cámara de Representantes de Misiones aprobó ayer jueves, durante la última sesión ordinaria del año, el proyecto de ley enviado por el gobernador Hugo Passalacqua para ampliar y precisar las facultades del Tribunal de Cuentas sobre las empresas y sociedades con participación mayoritaria del Estado provincial o de los municipios. La reforma incorpora nuevos mecanismos de fiscalización de los recursos públicos y establece que los resultados de los controles deberán ser informados anualmente a la Legislatura.
La iniciativa, que ingresó el pasado 15 de octubre bajo el expediente PE-11356/26, fue incorporada con tratamiento preferencial al temario de la jornada, luego de obtener dictamen favorable por unanimidad en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Su aprobación constituyó uno de los principales temas de la sesión de cierre del período ordinario, antes de la convocatoria extraordinaria prevista para el 10 de diciembre, cuando los legisladores deberán elegir a las autoridades de la Cámara.
La modificación alcanza al artículo 2 de la Ley I-N.º 3, correspondiente a la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, y establece expresamente la competencia del organismo para fiscalizar empresas y sociedades del Estado provincial y municipal.
La disposición incluye a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y cualquier otra entidad empresarial en la que el sector público tenga mayoría en el capital o capacidad decisiva en las decisiones societarias.
De esta manera, el Tribunal de Cuentas contará con un respaldo normativo específico para examinar la utilización de fondos públicos en estructuras empresariales que funcionan bajo diferentes figuras jurídicas.
Durante el debate, el diputado Alejandro Arnhold, miembro informante del proyecto, sostuvo que la modificación busca fortalecer la transparencia y evitar que las distintas formas jurídicas utilizadas por el Estado dificulten la fiscalización.
“El Estado puede desarrollar sus actividades a través de distintas estructuras jurídicas, pero esta diversidad no debe convertirse en un obstáculo para controlar el destino y la utilización de todos los recursos públicos”, expresó.
El legislador remarcó que la reforma busca cubrir un vacío en la regulación expresa de las atribuciones del organismo y recordó que su funcionamiento fue institucionalizado en 1960.
En ese sentido, señaló que se trata de “una actualización normativa necesaria para dar mayor claridad al alcance del control sobre los recursos públicos”, incluso cuando estos sean administrados por entidades constituidas bajo diferentes figuras legales.
Informes anuales
Uno de los aspectos centrales de la ley es la obligación de remitir anualmente a la Cámara de Representantes los resultados de las fiscalizaciones realizadas sobre las empresas alcanzadas. Esta disposición fue incorporada durante el tratamiento en comisión, a partir de los aportes efectuados por diferentes bloques legislativos.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Anazul Centeno, había destacado que el proyecto original fue enriquecido durante su análisis y que las modificaciones permitieron alcanzar un dictamen unánime.
“Fue ampliado con aportes de los distintos bloques”, explicó la legisladora al finalizar aquella instancia de tratamiento.
La incorporación de los informes anuales permitirá que la Cámara cuente con información sobre el control de los recursos públicos administrados por estas entidades, sin que ello implique intervenir directamente en sus decisiones empresariales.
En efecto, la normativa establece que la fiscalización se limitará al control externo de los fondos públicos, respetando las atribuciones de los órganos de administración, gobierno y fiscalización propios de cada sociedad.
También dispone que el organismo deberá ejercer sus competencias conforme al régimen federal vigente en materia societaria y comercial.
Sobre este punto, Arnhold aclaró que la nueva legislación no supone una intervención del Tribunal de Cuentas en la conducción de las empresas.
“Fortalecer el control no significa desconocer las competencias de cada órgano, sino establecer reglas claras que permitan ejercer la fiscalización dentro del marco jurídico vigente”, afirmó.
Asimismo, destacó que la presentación anual de informes contribuirá a mejorar la rendición de cuentas y permitirá a la Legislatura conocer los resultados de las auditorías.
Al anunciar su envío a la Legislatura, Passalacqua sostuvo que la medida respondía a la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y garantizar mayor claridad sobre la administración de los recursos provinciales.
“Los misioneros necesitan claridad, apertura y una gestión de cara a la gente, y quienes tenemos la responsabilidad de gobernar y manejar los recursos públicos trabajamos 24/7 para garantizar absoluta transparencia con medidas concretas”, había expresado.
En aquella oportunidad, Passalacqua también remarcó que la rendición de cuentas debía constituir una responsabilidad permanente de la administración pública.
“No solo no esquivamos esa responsabilidad, sino que es una convicción profunda: hoy en Misiones gobernar es rendir cuentas a diario”, afirmó.
En los fundamentos enviados a la Cámara, el Poder Ejecutivo planteó que la reforma permitiría aportar mayor certeza jurídica sobre el alcance de las atribuciones del organismo, evitando interpretaciones ambiguas respecto de las sociedades empresariales del Estado.
Durante el cierre de su exposición, Arnhold también hizo referencia a la responsabilidad de los funcionarios sobre la administración de los recursos públicos.
“El buen gobierno no se proclama, se demuestra garantizando transparencia en el uso de los recursos públicos, el control sobre su utilización y la rendición de cuentas ante la ciudadanía, porque esos recursos pertenecen a todos, y es a la gente a quien debemos responder”, sostuvo.
