El acuerdo establece un esquema de auditoría externa para garantizar transparencia en el uso de fondos destinados a la conservación de bosques nativos y áreas protegidas. El programa, financiado por la CAF, beneficiará de manera directa a unas 25 mil personas en zonas rurales e indígenas.
El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, y la presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, Fabiola Bianco, firmaron un convenio marco orientado a reforzar los mecanismos de control, eficiencia administrativa y transparencia en la ejecución del Programa de Apoyo para la Mejora de la Gestión y la Preservación de la Selva Misionera.
El acuerdo se enmarca en un proyecto financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que tiene como objetivo central contribuir a la conservación de los bosques nativos y de las áreas naturales protegidas distribuidas en el territorio misionero. Según informó Hacienda, el programa apunta a beneficiar de manera directa a aproximadamente 25 mil personas, entre pequeños y medianos productores rurales, comunidades indígenas y poblaciones campesinas que viven en Parques, Reservas y zonas boscosas.
Safrán explicó que el convenio establece “un esquema de auditoría externa que verificará la aplicación de los recursos y el cumplimiento de los objetivos del programa, en concordancia con estándares internacionales de control y el marco operativo de la CAF”. Este mecanismo, afirmó, permitirá fortalecer la rendición de cuentas y resguardar la correcta implementación de los fondos asignados a políticas ambientales estratégicas.
El ministro destacó que el acuerdo “consolida el compromiso de ambos organismos con una gestión responsable y eficiente, orientada al cuidado de los recursos destinados a la preservación ambiental en la provincia”. La iniciativa también busca garantizar que los proyectos vinculados a la selva misionera se ejecuten con criterios de sostenibilidad y trazabilidad en su impacto social.
Además de Safrán y Bianco, participaron de la firma Martín Leiva Varela, María Lucrecia González Forastier y José Aníbal Libutti, director general de Auditoría de Sociedades del Estado, con Participación Estatal y Empresas Públicas.
