El Gobierno de Misiones avanzó con un régimen de asistencia financiera destinado a empleados públicos provinciales y jubilados, pensionados y retirados del IPS que atraviesan situaciones de sobreendeudamiento, en un contexto marcado por el crecimiento de la mora crediticia y el peso que adquirieron las cuotas de préstamos sobre los ingresos familiares.
El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, informó este miércoles que las medidas comenzaron a implementarse en julio y anticipó que desde septiembre se incorporará una nueva regulación para limitar las tasas de interés que pueden aplicar las entidades que otorgan préstamos personales mediante códigos de descuento.
La primera decisión fue establecer un tope del 39% de los haberes netos para los códigos que operan a través del Código Único de Descuento en los Haberes (CUAD).
El límite comenzó a aplicarse sobre los nuevos créditos otorgados desde la entrada en vigencia de la medida, pero paralelamente el Gobierno provincial inició un proceso de refinanciación y asistencia para aquellas personas cuyo nivel de endeudamiento ya se encontraba por encima de ese porcentaje.
Según precisó Safrán, hasta el momento 538 agentes fueron alcanzados por el mecanismo de asistencia.
Los efectos de esa intervención comenzarán a observarse con la acreditación de los haberes prevista para este sábado 29 de agosto. En determinados casos, la asistencia será depositada durante la primera semana de septiembre mediante una acreditación especial en las cuentas bancarias que, según explicó el funcionario, no estará sujeta a retenciones por créditos bancarios.
Refinanciación caso por caso
Safrán señaló además que el Banco Macro comenzó a implementar mecanismos de refinanciación para clientes que presentan sobreendeudamiento o mora, pese a que actualmente no existe una normativa específica del Banco Central que obligue a aplicar ese procedimiento.
En estos casos, cada situación será evaluada individualmente y los interesados deberán concurrir a las sucursales de la entidad para solicitar la refinanciación.
El Gobierno provincial relacionó las medidas con el deterioro de la capacidad de pago de las familias. Safrán mencionó como referencia el último reporte del Banco Central, que registra un indicador de mora superior al 12%, y señaló también el impacto que tuvieron las elevadas tasas de interés registradas durante parte del año pasado.
Desde septiembre, límite a las tasas
La siguiente etapa comenzará en septiembre. Hacienda prepara una resolución mediante la cual se establecerán topes a las tasas de interés cobradas por las entidades que conceden préstamos personales mediante códigos de descuento.
El objetivo, explicó Safrán, será regular el costo financiero que afrontan trabajadores activos y pasivos del Estado provincial y evitar que quienes necesitan financiamiento terminen recurriendo a prestamistas u otras alternativas formales o informales con tasas considerablemente superiores.
La Provincia también analiza la posibilidad de reducir todavía más los límites aplicados a los créditos con código de descuento, una decisión que podría implementarse y anunciarse durante septiembre.
Evitar que los trabajadores queden registrados como morosos
Uno de los puntos que explicó Hacienda es por qué el Gobierno no dispuso directamente la suspensión o reducción automática de las cuotas que actualmente se descuentan de los salarios.
Safrán sostuvo que el problema viene siendo analizado desde hace más de 60 días y que una reducción de oficio podría provocar que el trabajador incumpla las condiciones originales de su préstamo y quede registrado como moroso ante el sistema financiero.
Por esa razón, indicó, se optó por analizar las situaciones individualmente y avanzar mediante refinanciaciones que permitan disminuir la presión de las cuotas sin generar antecedentes negativos para los deudores.
El ministro también hizo referencia a los proyectos que comenzaron a impulsarse en la Legislatura provincial para atender el problema del sobreendeudamiento. Señaló que esas iniciativas deberán ser evaluadas teniendo en cuenta la normativa nacional y procurando encontrar un equilibrio que proteja los ingresos de los trabajadores sin generarles, como consecuencia no deseada, una situación formal de mora.
Con las medidas adoptadas desde julio y las nuevas regulaciones previstas para septiembre, el Gobierno busca avanzar progresivamente sobre uno de los problemas que comenzó a ganar peso entre empleados estatales y jubilados: la proporción cada vez mayor del ingreso mensual comprometida antes de que el salario llegue efectivamente al bolsillo.
