Posadas. Una multisectorial integrada por distintos sectores del empleo público y social volvió a movilizarse en Misiones para reclamar aumentos de sueldos, reapertura de mesas de diálogo y respuestas del Gobierno provincial. El planteo reúne a trabajadores policiales y penitenciarios, docentes, personal de salud, municipales y otros rubros, que coinciden en un diagnóstico común: los salarios quedaron muy por debajo del costo de vida.
En ese marco, el diputado provincial Ramón Amarilla presentó un petitorio formal ante el Ejecutivo y gran parte del gabinete, exigiendo ser recibidos por las autoridades para abordar lo que definió como una crisis salarial profunda.
“Le nombro a todos para que se den cuenta de que verdaderamente tenemos intenciones y ganas de dialogar con las autoridades del Gobierno de la provincia de Misiones”, expresó en declaraciones a Radio Up, al detallar que el documento fue elevado al gobernador y a ministros clave del área política, económica y de seguridad.
Pérdida salarial y reclamo desde la base en Misiones
Amarilla sostuvo que el eje central del conflicto es el deterioro sostenido del poder adquisitivo. “Nosotros llevamos un 37% de pérdida adquisitiva en todo este tiempo. No han recibido ningún incremento desde el último acampe de mayo de 2024”, afirmó.
El legislador puso cifras concretas sobre la mesa al comparar ingresos con el costo de vida: “El gobernador y el ministro de Hacienda dijeron que para no ser indigente se necesitan $2 millones. Un agente de policía está en $950 mil, imagínense”.
Y agregó: “No llegan. Son todos indigentes. Los únicos que por ahí pueden alcanzar son las jerarquías más altas, pero esto hay que resolverlo desde la base”.
Desde la multisectorial remarcan que esta situación se replica en otros sectores del empleo público, donde los salarios iniciales quedan muy lejos de la canasta básica y obligan a miles de familias a endeudarse para cubrir gastos esenciales como alimentos, alquiler, transporte y medicamentos.
Reclamo transversal y falta de respuestas
Amarilla subrayó que el conflicto ya no es sectorial, sino estructural. Hoy por hoy también están los docentes, municipales, personal de salud, agrarios, yerbateros, tabacaleros, empleados judiciales, la gente de Casa de Gobierno y de la Legislatura”, enumeró.
También cuestionó la falta de acompañamiento político: “Acá deberían estar los otros 39 diputados provinciales acompañando al pueblo que nos dio un lugar en la Cámara de Representantes”.
El diputado remarcó que el Ejecutivo provincial cortó los canales de diálogo con varios sectores, incluidos policías y penitenciarios, y reclamó la reapertura urgente de una mesa formal. “Escondiéndose en una oficina no van a resolver nada. Tienen que dar la cara y tratar de resolver este problema entre todos, porque el pueblo misionero hace años que está esperando una respuesta de la clase política”.
Pedido de reincorporación y denuncia de persecución
En su exposición pública, Amarilla también pidió la reincorporación de efectivos cesanteados y denunció persecución interna. “Quiero solicitar que a estos colegas que estuvieron privados de su libertad injustamente les devuelvan el trabajo, porque no solo perjudicaron a estas personas sino también a sus familias”.
Según indicó, durante el conflicto fueron pasados a disponibilidad, cesanteados o exonerados más de 200 efectivos.
Reclamo pacífico y llamado al gobernador
El legislador insistió en que todas las acciones se realizan de manera pacífica y amparadas por la Constitución. “Reclamar a las autoridades pacíficamente no es un delito. Estamos respaldados por el artículo 14 de la Constitución”.
Y cerró con un mensaje directo al Ejecutivo: “Esto siempre fue un reclamo salarial. Lo único que pedimos es que den la cara y le den respuesta al misionero”.
La multisectorial anticipó que continuará con medidas de visibilización hasta obtener una propuesta concreta de recomposición salarial y un cronograma claro de diálogo, al considerar que sin salarios dignos es imposible sostener el sistema público y garantizar condiciones de vida básicas para miles de trabajadores en la provincia.
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