El Gobierno nacional trabaja en la desregulación del transporte de colectivos de larga distancia, permitiendo a las empresas fijar libremente precios y recorridos. La medida, que aún no tiene fecha de oficialización, ha generado malestar en el sector privado por posibles impactos en la competencia y la seguridad.
El Gobierno nacional se encuentra trabajando en la desregulación del transporte de colectivos de larga distancia, una medida que no incluye los servicios internacionales ni las rutas del AMBA. La Secretaría de Transporte y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado están afinando los detalles de una normativa que derogará el decreto 958/1992, con el objetivo de “liberar y desregular” el sistema de transporte automotor.
Uno de los puntos más destacados de esta nueva normativa permitirá a las empresas de transporte establecer libremente los recorridos, horarios, precios y modalidades de servicio, utilizando cualquier vehículo que cumpla con los estándares de seguridad fijados por la Secretaría de Transporte.
Esto implicará la eliminación de la obligación de cumplir con determinadas pautas, como el respeto a un valor tarifario máximo, permitiendo a las compañías fijar los precios de los pasajes sin topes.
Además, los vehículos podrán realizar paradas en cualquier terminal. El plan también contempla la creación de un registro digital para que los transportistas y empresas puedan inscribirse y prestar servicios de transporte de cargas y correspondencia en los mismos ómnibus. Este registro requerirá información sobre la propiedad del vehículo, su capacidad de transporte, la cantidad de asientos, la nómina de conductores y sus licencias, así como la contratación de seguros ante posibles riesgos con los usuarios o terceros. La finalidad de este registro es simplificar las exigencias para quienes deseen prestar el servicio.
Actualmente, el sistema de transporte automotor opera bajo una serie de permisos que garantizan condiciones de seguridad y conectividad, alcanzando aproximadamente a 1600 localidades en el país. La nueva disposición busca abrir la competencia para que más actores puedan brindar el servicio, con la expectativa de que una mayor oferta beneficie a los pasajeros.
Sin embargo, esta iniciativa ha generado malestar entre las compañías de colectivos de larga distancia. El sector privado critica que la flexibilización del registro permitirá a cualquier persona que cumpla con ciertos requisitos de seguridad ofrecer el servicio, lo que podría concentrar la competencia en las rutas más rentables y dejar sin conexión a destinos más pequeños.
Además, expresan preocupaciones sobre la posible falta de requisitos para personas con discapacidad y la laxitud de los controles de seguridad vial. El sector aguarda los detalles finales de la medida, que aún no tiene fecha de oficialización pero se espera que sea pronto. Un referente de las empresas del rubro señaló que «esto no es un cambio de norma, de las reglas de juego, es el fin del transporte como se lo conoce». Con información de TN.
