El centro de Neuquén fue escenario este martes de un operativo policial que terminó con al menos 17 personas detenidas, tras el desalojo de comunidades mapuches que reclamaban la entrega de personerías jurídicas.
La protesta, que se extendió durante varios días frente a la Casa de Gobierno, concluyó con acusaciones cruzadas entre las organizaciones indígenas y el Ejecutivo provincial, que denunció la ocupación de una oficina pública y el bloqueo de accesos.
La intervención fue dispuesta por el fiscal de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli, quien había otorgado un plazo de dos horas para la retirada voluntaria. Ante el incumplimiento, el operativo avanzó con 120 agentes de distintas divisiones, bomberos y ambulancias. Se estableció un perímetro de 200 metros que paralizó el tránsito en la zona céntrica.
Según un comunicado oficial, fueron detenidos 11 hombres y 6 mujeres, trasladados a las comisarías 2° y 17°, respectivamente. No obstante, la Confederación Mapuche y organizaciones acompañantes aseguraron que el número de detenidos fue de 22, aunque esa cifra no fue confirmada oficialmente. Todos los arrestados fueron liberados después del mediodía, según la abogada defensora Natalia Hormazábal.
Durante el operativo, se reportaron incidentes. El comisario inspector Marcos Mazzone resultó herido tras ser mordido por una persona que se resistía al desalojo. Además, los manifestantes denunciaron que un niño sufrió lesiones y fue atendido en el hospital Castro Rendón, sin que trascendiera la gravedad del caso.
El reclamo fue encabezado por las comunidades Newen Kura, Fvta Xayen, Kelv Kura y Ragilew Cárdenas, que exigían el reconocimiento legal que otorgan las personerías jurídicas. Según explicaron, la falta de ese estatus impide su participación en procesos de relevamiento territorial y consulta previa, tal como establece la legislación nacional.
En respuesta, la Confederación Mapuche de Neuquén emitió un duro comunicado contra el gobernador Rolando Figueroa: “Como era previsible, Rolando Ceferino Figueroa entiende que si no se acata su autoritarismo lo hará entender a los palos”. Además, convocaron a la sociedad a solidarizarse y pidieron que se cumpla la ley: “No usar la LEY PARA REPRIMIR, sino para llevar JUSTICIA a una sociedad desigual que ellos han construido”.
Desde el gobierno provincial, por su parte, aseguraron que se intentó avanzar con una mesa de diálogo e incluso solicitaron la mediación del obispo Fernando Croxatto, pero denunciaron una “posición intransigente” por parte de las comunidades, que impidió cualquier acuerdo.
El conflicto visibiliza una tensión latente en la provincia en torno al reconocimiento legal de comunidades originarias, y amenaza con escalar si no se retoman los canales institucionales de diálogo.
