La causa por presunto abuso sexual continúa en etapa de instrucción. Ya se incorporaron pericias psicológicas y el jefe comunal será indagado esta semana.
La investigación judicial iniciada a partir de la denuncia de una empleada del Concejo Deliberante de Caraguatay contra el intendente Mario Peyer, actualmente en uso de licencia, suma medidas probatorias y tiene fecha para una instancia clave: la declaración indagatoria del funcionario.
El expediente tramita en el Juzgado de Instrucción N° 1 de Puerto Rico, a cargo del juez Leonardo Manuel Balanda Gómez, donde se fijó para el martes 15 de abril, a las 10, la audiencia en la que Peyer deberá comparecer en el marco de la acusación por presunto abuso sexual.
En los últimos días, tanto el jefe comunal como la denunciante fueron sometidos a evaluaciones psicológicas en Posadas. Según trascendió, los informes correspondientes ya fueron remitidos al juzgado interviniente y se incorporaron al expediente.
La causa se encuentra en plena etapa de recolección de pruebas. Entre las diligencias dispuestas figuran inspecciones en dependencias municipales, peritajes sobre dispositivos electrónicos secuestrados y estudios socioambientales. Además, fueron citados testigos vinculados al ámbito laboral de la denunciante, entre ellos concejales y empleadas del cuerpo legislativo local.
La denuncia fue presentada por una trabajadora municipal de 31 años, quien en sede judicial relató episodios de presunto acoso y un hecho de abuso ocurrido, según su testimonio, en septiembre del año pasado dentro del edificio del Concejo Deliberante. También declaró haber recibido amenazas vinculadas a su situación laboral.
En paralelo al avance de la causa, Peyer solicitó una licencia de 30 días al frente del Ejecutivo municipal, en un contexto marcado por el pedido público del gobernador Hugo Passalacqua para que se aparte del cargo y se someta al proceso judicial. La conducción del municipio quedó de manera interina en manos de la concejal Norma Gularte, conforme a lo previsto en la normativa vigente.
El plazo de la licencia se cumplirá el próximo 16 de abril, mientras persiste la expectativa sobre una eventual prórroga o el regreso del intendente a sus funciones.
En el marco del expediente, el juzgado también dispuso una prohibición de contacto entre el acusado y la denunciante junto a su entorno familiar. La situación procesal del jefe comunal podría definirse tras su indagatoria, en función de las pruebas reunidas hasta el momento.
