El 18 de marzo se cumplió un año del accidente laboral que le ocasionó la muerte en el acto a Carlos Antonio López, quien sin contar con las medidas de seguridad cayó de una altura de entre tres y cuatro metros. Fue en ese contexto que su familia pidió que la justicia investigue el caso para que puedan aclarar sus dudas y saber qué ocurrió ese día.
Alegan que solo un testigo declaró y quieren que se determine la responsabilidad de la empresa por no brindar los elementos de seguridad necesarios, y que los responsables respondan legalmente.
López, quien tenía 43 años al momento del siniestro, residía en Wanda y allí trabajaba con la empresa Orcom SA desde hacía unos cinco años. El año pasado la entidad montó en la zona urbana de Pozo Azul, sobre la ruta provincial 17, una planta asfáltica donde el fallecido cumplía funciones.
Al cumplirse un año del lamentable hecho, su madre María Suárez quien vive en Puerto Leoni, junto a sus hermanos (actualmente viviendo en La Plata, Buenos Aires) no logran entender lo ocurrido y cuestionaron el accionar de la justicia.
La denuncia sobre el hecho se realizó en la Comisaría de Pozo Azul, dependiente de la Unidad Regional XIV de San Pedro: el caso es investigado por el Juzgado de Instrucción Nº 1 de San Pedro. El reclamo de la familia fue claro: “Pedimos que se investigue a fondo lo que pasó, que se determine la responsabilidad de la empresa por no brindar los elementos de seguridad necesarios, y que los responsables respondan legalmente por la muerte de mi hermano”, manifestó con impotencia su hermana, María López.
Desde lo ocurrido, y pese a las distancias, no existe un solo día en el que no sientan la falta de Antonio, en especial por parte de su madre de 87 años. Algo que reconocen como una pérdida irreparable y que, defienden, lo único que puede aliviar el dolor es que se haga justicia y que esta no sea una de tantas muertes por accidentes laborales que quedan sin resolverse o impunes.
Respecto a la causa penal, María manifestó que está prácticamente parada. “Desde esa fecha no tuvimos más respuesta. El juez (Ariel Belda Palomar) dijo que fue un accidente y que no tenía más nada para investigar”, recordó López.
Con disconformidad agregó: “Solo se presentó un testigo. Y su ropa de seguridad quizás le hubiera protegido de la caída y al estar en contacto con una máquina de tal tamaño creemos que la empresa debe brindar seguridad a los empleados. No queremos que algo así vuelva a pasar”, defendió.
Según testigos, esa tarde del 18 de marzo Carlos Antonio López, a quien llamaban “Boica”, se encontraba trabajando dentro de la planta asfáltica, que es una máquina grande, momento en que se subió arriba de un caño, el cual se desprendió y cayó al suelo con todo el artefacto, desde una altura aproximada de entre 3 a 4 metros. Al desplomarse, golpeó su cabeza contra la esquina de una base del piso, lo que le provocó la muerte en el acto.
Al ver lo sucedido, sus colegas abandonaron toda actividad y se acercaron para intentar asistirlo, sin embargo, no había más qué hacer: el albañil estaba sin signos vitales. Uno de los operarios se dirigió hasta el Caps que se ubica a unos 2 mil metros del lugar del hecho, para dar aviso al equipo médico.
Alrededor de unos 10 a 15 minutos después, llegó la ambulancia y personal de emergencias. A la brevedad, arribaron efectivos de la Policía que realizaron las pericias correspondientes.
De acuerdo a los mismos testimonios, Carlos estaba trabajando con una linga y un caño que estaba preparado para transporte, pero que no estaba habilitado para peso humano. Según remarcaron, la víctima se subió solamente para poder enganchar una liga, y que la maquinaria no contaba con señalización que indicara algún riesgo por peso. El fallecido tampoco contaba con los elementos de seguridad correspondiente, ni siquiera un casco, reclamó su familia.
ET
