En la audiencia pública por la readecuación del boleto del transporte urbano, realizada ayer en el Parque de la Ciudad y sin vecinos inscriptos para exponer, uno de los ejes centrales fue la presentación de una encuesta elaborada por la Defensoría del Pueblo de Posadas.
El relevamiento, realizado en diciembre a 453 usuarios, aportó un panorama concreto sobre el uso cotidiano del servicio y las principales dificultades señaladas por quienes dependen del transporte público, con datos que pusieron en primer plano la frecuencia, el costo del pasaje y el estado de las unidades como los reclamos más reiterados y que funcionaron como marco del debate tarifario.
“Desde la Defensoría del Pueblo entendemos la complejidad operativa y económica que atraviesa el sistema de transporte público. Cualquier decisión vinculada a tarifas debe tener equilibrio y responsabilidad social. Ese equilibrio tiene que contemplar la capacidad de pago de los usuarios”, dijo la referente Vanesa Libutzki.
La encuesta reunió 453 respuestas y permitió conocer el uso cotidiano del servicio por parte de quienes dependen del transporte público para trasladarse. “Los resultados son contundentes. El 87% de las personas encuestadas utiliza el transporte público con frecuencia semanal y el 65% lo hace todos los días. Esto confirma que se trata de una solución esencial y no opcional”.
A su vez, los datos recogidos reflejaron las principales dificultades que atraviesan los usuarios durante sus viajes diarios. Las respuestas refirieron a aspectos concretos del funcionamiento del sistema y de las condiciones del servicio.
“El 93% manifestó que existen aspectos a mejorar. El principal problema señalado es la frecuencia del servicio con un 97%. Luego aparece el costo del pasaje con un 66%, el estado de los coches con un 50%, las condiciones de viaje con un 41%, y las paradas, refugios y la falta de puntos de carga de la Sube, con un 38%”.
En esa línea, desde la Defensoría vincularon estos reclamos con la discusión tarifaria. El planteo sostuvo que el uso del transporte público depende directamente de la calidad del servicio que reciben los usuarios. “Cuando el servicio no responde, la ciudadanía busca alternativas. Por eso la discusión del boleto no puede separarse de la calidad del sistema”.
“La encuesta muestra que muchas personas recurren a aplicaciones no por preferencia, sino por necesidad. Un porcentaje relevante reemplaza el colectivo de manera frecuente u ocasional, principalmente por la baja frecuencia del servicio, que aparece en el 73% de los casos, seguida por los tiempos de espera y la conveniencia del precio”.
A partir de ese comportamiento, Libutzki relacionó el aumento del boleto con el riesgo de una caída mayor en la cantidad de usuarios. El planteo incluyó el impacto directo que esto genera en la sostenibilidad del sistema. “Un aumento importante del pasaje implica menos usuarios, menores ingresos por la caída de la demanda y, luego, mayor presión sobre el sistema”.
De igual forma, brindó una serie de propuestas para acompañar cualquier revisión tarifaria. El planteo apuntó a una revisión integral del servicio con medidas concretas y verificables.
“Resulta necesario evaluar el equilibrio tarifario con responsabilidad social. También mejorar de manera efectiva la frecuencia del servicio, especialmente en horarios pico, porque es lo que más impacta en la vida cotidiana, como los traslados al trabajo y a las escuelas”.
Además, incorporó la necesidad de garantizar información en tiempo real sobre recorridos y horarios. Ese punto se vinculó con la reducción de la incertidumbre y los tiempos de espera.
“También resulta fundamental fortalecer los canales de comunicación ante reducciones de frecuencias o modificaciones de recorridos. A eso se suma la mejora de las condiciones generales del servicio, el estado de las unidades y los puntos de carga de la Sube”.
Para cerrar, la referente de la Defensoría hizo hincapié en la relación entre la estabilidad del sistema con la permanencia de los usuarios y la calidad del servicio. “El sistema no puede sostenerse sin usuarios y los usuarios no permanecen sin calidad. Por eso solicitamos que toda decisión tarifaria forme parte de un plan integral, con metas, controles y transparencia, para que el esfuerzo que se le pida a la ciudadanía tenga una contrapartida concreta”.
Movilidad Urbana
Por su parte, el secretario de Movilidad Urbana, Lucas Jardín, ubicó la discusión tarifaria en un contexto de menor respaldo del gobierno nacional. Según señaló, ante ese escenario la provincia y el municipio deben sostener el sistema mediante subsidios y mecanismos de compensación.
“En un escenario donde no contamos con el mismo nivel de apoyo del gobierno nacional y siendo la provincia y el municipio quienes deben afrontar la subvención y los mecanismos de compensación necesarios para sostener el servicio, eso nos obliga a trabajar en ajustes que siempre se analizan con responsabilidad”.
En este sentido, detalló que el esquema operativo contempla la adecuación de frecuencias según la demanda real. También mencionó la revisión de recorridos y la reorganización de los servicios en horarios pico. El objetivo es equilibrar líneas de alta demanda con aquellas de cobertura social que resultan necesarias para garantizar conectividad en todos los barrios.
En relación con los costos, subrayó que la tarifa técnica determinada por el municipio asciende actualmente a 1.927 pesos por pasaje. Una parte mayoritaria del 53% del valor corresponde a costos fijos del sistema. Entre ellos enumeró personal de conducción, seguros, patentes y unidades, gastos que se mantienen más allá de la cantidad de pasajeros transportados.
“Durante 2025 no hubo aumentos tarifarios y, en términos prácticos, el boleto que abona el usuario representa hoy aproximadamente el 25% de la tarifa técnica, cuando en enero de 2025 cubría el 51%”.
Por último, indicó que la diferencia entre el costo real y el valor abonado se sostiene mediante políticas públicas y mecanismos de compensación del Estado provincial y municipal. Ese esquema incluye beneficios sociales, como el boleto estudiantil gratuito, que impactan de manera directa en el volumen de viajes del sistema.
“Existe un porcentaje importante del costo real que no se traslada al usuario y se sostiene con mecanismos de compensación y políticas públicas activas, lo que implica que alrededor del 55% de los pasajes se realiza sin costo para los beneficiarios”.
En cifras
97%
Según la encuesta realizada, el 97% de los usuarios señaló que el principal problema del trasporte publico de pasajeros es la frecuencia de servicios
Fuente: El Territorio
