El ministro de Hacienda de Misiones defendió el proyecto que será debatido este jueves en la Cámara de Representantes, explicó el mecanismo de asignación de recursos al Parque de la Salud. También se refirió a la antigüedad de los empleados públicos, la caída de fondos nacionales, los controles fiscales en las rutas y el intento de recuperar patentamientos que hoy se realizan en Corrientes.
El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, anticipó los principales aspectos que rodean al proyecto de Presupuesto 2027 que será tratado este jueves en la Cámara de Representantes y confirmó que la Emergencia Económica continuará vigente, aunque el Gobierno provincial asumió el compromiso de iniciar un proceso legislativo para revisar integralmente su continuidad y las normas que quedarían nuevamente vigentes en caso de derogarla.
El proyecto contempla recursos y gastos por más de $5,2 billones y concentra cerca del 63% de los recursos en salud, educación y desarrollo social, en un escenario marcado por la reducción de transferencias y programas nacionales. La Comisión de Presupuesto concluyó la ronda de exposiciones y el martes saldrá el dictamen final con algunos ajustes, para que se debata el jueves en el recinto.
Safrán se refirió a la continuidad de la Emergencia Económica, que permanecerá dentro del esquema legal de la provincia durante el próximo ejercicio. El ministro explicó que la decisión no implica cerrar la discusión sobre su vigencia, sino asumir un compromiso para analizarla con tiempo y evitar que una derogación inmediata genere efectos no previstos.
Según detalló, «la ley de emergencia suspende la aplicación de numerosas normas y algunas de ellas son consideradas actualmente vetustas o incluso perjudiciales». Por ese motivo, si la emergencia fuera derogada sin una revisión previa, esas leyes «volverían automáticamente a entrar en vigencia». En ese sentido, anticipó la creación de una comisión de trabajo dentro de la Legislatura que tendrá como objetivo «analizar las consecuencias de una eventual derogación y consensuar una nueva normativa que determine qué leyes deberían continuar, cuáles deberían modificarse y cuáles deberían quedar definitivamente sin efecto», precisó.
Otro de los puntos sobre los que Safrán buscó despejar dudas fue la partida de aproximadamente $140.000 millones asignada al funcionamiento del Parque de la Salud. El ministro explicó que «cuando se creó el Parque se estableció un mecanismo de financiamiento equivalente al 25% de las rentas generales de la provincia. A medida que avanza la recaudación provincial, Hacienda realiza las correspondientes incorporaciones presupuestarias para asignar esos recursos al organismo».
Safrán remarcó que «la incorporación presupuestaria no significa que ese monto haya sido transferido de manera inmediata y en su totalidad al Parque de la Salud. La asignación de la partida permite que el organismo pueda prever sus contrataciones, afrontar salarios y organizar su funcionamiento administrativo. Los recursos se transfieren efectivamente en función de las necesidades de pago, como ocurre con proveedores y otras obligaciones».
El funcionario también aclaró que el mecanismo administrativo no constituye una modificación reciente. Según explicó, la modalidad de incorporación y transferencia de recursos siempre funcionó de esa manera y el cambio reciente estuvo vinculado al decreto mediante el cual el Ministerio de Salud comenzó a ejercer autoridad sobre el Parque de la Salud. «El organismo continúa sujeto a los mecanismos de control correspondientes, incluido el Tribunal de Cuentas», agregó.
Menos fondos nacionales y más presión sobre el sistema sanitario
Safrán también vinculó las previsiones presupuestarias para salud con la reducción de programas nacionales. Según explicó, para 2027 «solamente permanecerían vigentes los programas Sumar e Incluir, mientras que otros mecanismos de asistencia nacional fueron eliminados o reducidos, entre ellos Remediar».
El ministro señaló que Remediar «representaba una inversión cercana a los $1.000 millones mensuales y que durante este año sufrió una reducción del 30%, mientras que para 2027 el recorte previsto sería total». Frente a esa situación, sostuvo que «la Provincia deberá cubrir parte de esa ausencia con recursos propios para garantizar el acceso a medicamentos y sostener el sistema público de salud».
Safrán relacionó además esta situación con el deterioro de la cobertura de las obras sociales. La pérdida de empleos formales y el pasaje de trabajadores hacia la informalidad implican, según explicó, que más personas pierdan cobertura y recurran al sistema público.
Respecto de los cuestionamientos y pedidos de informes planteados por diputados de La Libertad Avanza durante el tratamiento del Presupuesto, Safrán sostuvo que las principales preguntas fueron respondidas durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto. De todos modos, explicó que «durante los días posteriores continuaron las conversaciones con el presidente de la comisión, José Luis Pastori, y con el presidente del bloque Movimiento por lo que Viene, Juan José Szychowski, además de legisladores de distintos espacios».
El ministro señaló que buena parte de los planteos estuvieron vinculados con cuestiones de redacción y que varios de ellos fueron incorporados al dictamen que llegó a la instancia de tratamiento parlamentario. La definición política del Ejecutivo es ahora obtener el acompañamiento necesario para que el Presupuesto avance en el recinto.
Antigüedad de los empleados públicos: una discusión atada a la recaudación
Otro de los temas que aparece alrededor del Presupuesto es el reclamo para descongelar el adicional por antigüedad de los empleados públicos provinciales. Safrán explicó que «el esquema vigente se encuentra congelado desde aproximadamente 1997 y establece un adicional de al menos el 1% anual por antigüedad». El funcionario recordó que aquella decisión se tomó en un contexto económico completamente diferente, caracterizado por la estabilidad de precios y una caída de los ingresos, mientras la masa salarial aumentaba de manera automática por la acumulación del adicional.
Por eso, consideró que «un eventual descongelamiento requiere un análisis específico. La Provincia ya aplicó mecanismos de actualización en 2014-2015 y nuevamente en 2018 mediante decretos». Sin embargo, según explicó, «aquellas experiencias generaron diferencias entre trabajadores con antigüedad acumulada y empleados que no tenían años reconocidos y, por lo tanto, no recibían ningún incremento por ese concepto».
Safrán señaló que hubo mesas de trabajo con distintos gremios para estudiar alternativas, pero remarcó que cualquier modificación debe analizarse en función del comportamiento de la recaudación y del equilibrio fiscal. El argumento central es que una modificación del adicional de antigüedad tendría un efecto automático sobre la masa salarial provincial, justamente en un contexto en el que los recursos presentan una menor dinámica.
Mencionó particularmente los casos de Garupá, Comandante Andresito, San Vicente y El Soberbio, localidades que crecieron demográficamente y cuya categoría actual ya no reflejaría, según el análisis oficial, sus necesidades reales de financiamiento. «Algunos municipios vienen recibiendo desde hace años adicionales de coparticipación incorporados mediante las leyes de presupuesto, justamente para compensar parcialmente esas diferencias», recordó.
La intención ahora es avanzar hacia un esquema con indicadores objetivos, que contemple variables como el tamaño de cada municipio y su actividad económica. El funcionario aclaró que el objetivo no sería quitar recursos a ningún municipio, sino mejorar la participación de aquellos que puedan demostrar objetivamente que tienen un índice desactualizado respecto de su realidad actual.
La eliminación del pago a cuenta en las rutas y el impacto en la recaudación
Safrán también evaluó los primeros resultados de la decisión de eliminar el denominado sistema de pago a cuenta en los controles fiscales sobre las rutas provinciales. Según explicó, «los controles continúan para verificar que los vehículos que ingresan a Misiones con mercadería cuenten con la documentación fiscal correspondiente, remitos y trabajadores registrados, con el objetivo de evitar maniobras de evasión».
Lo que se eliminó «es el mecanismo mediante el cual se exigía el pago a cuenta del impuesto al ingresar a la provincia».
De acuerdo con los datos mencionados por el ministro, «la medida produjo un incremento del 16% en el volumen de camiones que ingresan a Misiones y también un aumento en la cantidad de contribuyentes de otras jurisdicciones que se inscribieron en la provincia para desarrollar actividades comerciales».
En cuanto al impacto fiscal, Safrán sostuvo que «la recaudación prácticamente no se resintió. La explicación es que las empresas que ya no pagan al momento de ingresar igualmente deben declarar y tributar posteriormente, a través de sus declaraciones mensuales, como ocurre en otras jurisdicciones».
El desafío de recuperar los patentamientos que se van a Corrientes
Finalmente, Safrán confirmó que la Provincia analiza medidas para intentar recuperar parte de los patentamientos de vehículos que actualmente se realizan en Corrientes. El fenómeno tiene particular incidencia en localidades del sur misionero, como Posadas, San José, Apóstoles y Azara, donde algunos propietarios optan por radicar sus vehículos en la provincia vecina debido a que consideran más conveniente el costo de la patente.
El ministro reconoció que la cuestión «está siendo analizada junto con la Agencia Tributaria de Misiones» y anticipó que «se estudia la posibilidad de implementar algún mecanismo de incentivo». Pero además introdujo un argumento relacionado con el destino de los recursos: recordó que «el 75% de lo recaudado por el impuesto automotor corresponde a los municipios». Por eso, planteó que existe también una dimensión comunitaria en la decisión de dónde radicar un vehículo, «ya que quien paga la patente en otra provincia deja de aportar esos recursos al municipio donde reside y, al mismo tiempo, continúa demandando servicios municipales».
La Provincia trabaja así en una herramienta que combine un incentivo para los contribuyentes con un alivio para las administraciones municipales, con el objetivo de recuperar patentamientos que hoy se realizan fuera de Misiones.
MO
