El gobierno argentino confirmó que el primer paso será un concurso público abierto, al que podrán presentarse empresas nacionales e internacionales interesadas en adquirir parte o la totalidad de AySA.
AySA y otras compañías estatales salen a licitación pública
“Se trata de presentar toda la información contable, deudas y obras pendientes para que los oferentes puedan evaluar la empresa correctamente”, explicó Darío Benítez, analista económico.
Benítez agregó que el proceso permitirá que se determine con precisión el valor de cada empresa y qué porcentaje se venderá al sector privado. La licitación se realizará de forma transparente, con la obligación de publicar los inversores participantes.
AySA enfrenta un escenario complejo: en su gestión anterior se detectaron irregularidades en obras y gastos. Por ejemplo, en Tigre se destinaron 250 millones de pesos a proyectos que nunca se concretaron. Además, gran parte de las actividades se tercerizaban, mientras el personal interno era mayormente administrativo. “Tener la empresa en manos privadas permite un control más estricto y asegurar que las obras se finalicen”, señaló Benítez.
Además de AYSA, el plan de privatización incluye a ENARSA, Intercargo, Belgrano Cargas, Corredores Viales, Nucleo Eléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Algunas compañías, como Nucleo Eléctrica, solo se privatizarán hasta un 49% para mantener participación estatal.
En 2024, el Estado destinó 4.000 millones de pesos solo para sostener estas compañías. Según Benítez, si las empresas logran operar sin pérdidas, el ahorro sería significativo: “si logran que sean eficientes y lleguen a cero pérdidas, el Estado ya estaría ahorrando 4.000 millones de pesos.”
Benítez aclaró que la privatización no afectará la prestación de servicios esenciales como agua y energía. Las inversiones de empresas nacionales y extranjeras permitirán modernizar infraestructura, finalizar obras pendientes y asegurar la continuidad del servicio. “Tener la empresa en manos privadas permite un control más estricto y asegurar que las obras se finalicen”.
Además, se implementarán contratos específicos y supervisión pública para proteger la prestación de los servicios y garantizar que la privatización cumpla con objetivos de eficiencia y transparencia.
El proceso está diseñado para que el sector privado gestione las operaciones de manera eficiente, mientras que el Estado mantiene un control activo sobre aspectos estratégicos.
Benítez remarcó que la clave será el seguimiento constante y la transparencia, para evitar que los fondos públicos se pierdan en proyectos incompletos o mala administración. “Se trata de presentar toda la información contable, deudas y obras pendientes para que los oferentes puedan evaluar la empresa correctamente.”
Fuente: Radio Up
