La Cámara Federal de Apelaciones confirmó la validez de la investigación por presunta violencia de género que enfrenta el expresidente Alberto Fernández tras la denuncia presentada por su expareja, Fabiola Yáñez. Si bien rechazó el pedido de la defensa para anular la causa, el tribunal dispuso que el juez Daniel Rafecas incorpore nuevas medidas de prueba antes de resolver la situación procesal definitiva del exmandatario.
La Cámara Federal de Apelaciones rechazó este miércoles el pedido de la defensa del expresidente Alberto Fernández para declarar la nulidad de la causa por presunta violencia de género contra su expareja, Fabiola Yáñez. Con esta decisión, la investigación mantiene su validez y el exmandatario quedó más cerca de enfrentar un juicio oral, aunque el expediente aún no será elevado debido a que deberán producirse nuevas medidas de prueba.
La resolución fue firmada por los camaristas Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, quienes coincidieron en que no existen fundamentos jurídicos para invalidar todo lo actuado en la causa. No obstante, por mayoría, los jueces dispusieron que el magistrado a cargo del expediente, Daniel Rafecas, incorpore determinadas pruebas solicitadas por la defensa que habían sido rechazadas durante la etapa de instrucción.
La investigación, impulsada por el fiscal Ramiro González, ya cuenta con un requerimiento de elevación a juicio oral. La acusación sostiene que Fernández habría cometido dos hechos de lesiones leves y uno de lesiones graves, agravados por el vínculo, el abuso de poder y las amenazas coactivas, en perjuicio de Fabiola Yáñez.
La causa por violencia de género surgió a partir de otra investigación judicial que analizaba presuntas irregularidades en la contratación de seguros del Estado en beneficio de personas allegadas al expresidente. De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Justicia, en el teléfono celular de la exsecretaria presidencial María Cantero fueron halladas conversaciones que darían cuenta de presuntas agresiones de Fernández hacia Yáñez, situación que motivó el inicio de la acción penal.
En febrero de 2025, el entonces juez Julián Ercolini procesó a Alberto Fernández por lesiones leves reiteradas en dos oportunidades y lesiones graves, agravadas por amenazas coactivas. Posteriormente, ese procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal.
El planteo de la defensa
La defensa del expresidente, encabezada por la abogada Silvina Carreira, había solicitado la nulidad de todas las actuaciones realizadas durante la instrucción a cargo del juez Julián Ercolini, quien posteriormente fue apartado del expediente por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal.
Según el planteo, las pruebas obtenidas durante esa etapa estaban «contaminadas» y, en consecuencia, también debían quedar sin efecto el procesamiento del exmandatario, el embargo dispuesto en su contra y el resto de las medidas procesales.
Sin embargo, en abril pasado, el juez Daniel Rafecas rechazó ese pedido. En su resolución sostuvo que el apartamiento de Ercolini respondió únicamente a despejar cuestionamientos vinculados con su imparcialidad y recordó que la Cámara Federal de Casación Penal había ratificado expresamente la validez de todos los actos procesales ya realizados. Además, consideró que retrotraer la investigación implicaría «un desgaste jurisdiccional innecesario y contrario al principio de celeridad».
Ese criterio fue ahora respaldado por la Cámara Federal. Los magistrados recordaron que el fallo de Casación dispuso el apartamiento del anterior juez «sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos». Asimismo, señalaron que retroceder el proceso a una etapa inicial implicaría «revictimizar» a la denunciante.
El tribunal también destacó que la causa fue examinada por distintos representantes del Ministerio Público Fiscal y atravesó diversas instancias de revisión judicial, en todas las cuales se confirmó la legalidad del procedimiento.
Pese a ratificar la validez de la investigación, los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah encomendaron al juez Rafecas evaluar nuevas pruebas presentadas por la defensa de Fernández antes de resolver definitivamente su situación procesal.
La decisión implica que el expediente no será elevado de manera inmediata a juicio oral, aunque la investigación continúa su curso y el magistrado deberá analizar las nuevas medidas probatorias antes de adoptar una resolución definitiva.
