La entrada en vigencia de la reforma del régimen penal juvenil abre un nuevo escenario para la Justicia y plantea importantes interrogantes sobre la forma en que deberán actuar los distintos organismos frente a adolescentes en conflicto con la ley penal.
En diálogo con Multimedios Génesis, el defensor oficial y defensor de menores de la Tercera Circunscripción, Rodrigo Torres Muruat, analizó los alcances de la nueva normativa y puso el foco especialmente en la reducción de la edad de punibilidad, que pasa de los 16 a los 14 años.
Torres Muruat reconoció que es crítico de llevar el límite de punibilidad a los 14 años, aunque consideró que la modificación representa un cambio respecto del régimen anterior, establecido durante la última dictadura militar y vigente durante más de cuatro décadas.
“Más allá de las críticas, es un cambio, es un avance”, sostuvo el defensor, aunque remarcó que la verdadera dificultad estará en la aplicación concreta de la norma.
La necesidad de recursos y espacios de contención
Uno de los principales interrogantes planteados durante la entrevista fue qué ocurrirá con los adolescentes que, a partir de la nueva normativa, queden sometidos a un proceso penal.
Para Torres Muruat, no alcanza con modificar la legislación si no existen los recursos humanos, profesionales y edilicios necesarios para garantizar su aplicación.
“Por más bondades que pueda traer la ley, o si querés, el endurecimiento de la norma, de la responsabilidad de los chicos, si no tenemos un ámbito de contención, no tiene ningún sentido”, explicó.
En ese sentido, destacó el trabajo que viene realizando Misiones en materia de contención de niños y adolescentes y mencionó la existencia de una unidad penal para menores en la provincia, aunque consideró que seguramente será necesaria mayor inversión.
“La justicia es reactiva al conflicto”
El defensor también cuestionó la idea de que la modificación de la edad de punibilidad vaya a resolver por sí misma la problemática del delito juvenil.
Según explicó, desde 2017 trabaja en el ámbito correccional y de menores y aseguró que en la jurisdicción local no observa una alta incidencia de adolescentes involucrados en delitos graves.
Indicó que los casos que más preocupan están vinculados con problemas de adicciones y delitos contra la propiedad, y sostuvo que se trata de una problemática previa que no necesariamente se soluciona con una modificación de la edad de punibilidad.
“La justicia es reactiva al conflicto. La justicia no hace prevención”, señaló.
Por eso, consideró fundamental fortalecer las políticas destinadas a intervenir antes de que los adolescentes lleguen al sistema penal.
Reparación, mediación y trabajo comunitario
Torres Muruat también destacó algunos aspectos positivos de la nueva normativa, particularmente las alternativas de resolución de conflictos.
Entre ellas mencionó la reparación del daño, el trabajo comunitario y la mediación penal, herramientas que, según explicó, permitirían abordar determinados conflictos sin recurrir necesariamente a una respuesta exclusivamente punitiva.
“Yo fui crítico al principio, pero creo que tiene alternativas de resolución de conflictos que son interesantes”, manifestó.
Para el defensor, el desafío será lograr que la sociedad y el Estado puedan intervenir mucho antes de que el adolescente llegue a la Justicia.
“Si tenemos una responsabilidad penal desde los catorce años, justamente que haya organismos de contención para evitar que tenga que intervenir la Justicia”, sostuvo.
La reforma, así, no solo plantea cambios para jueces, fiscales y defensores, sino también para la Policía y los organismos encargados de la contención y acompañamiento de los menores. La implementación práctica de la nueva normativa será, en definitiva, uno de los principales desafíos para el sistema judicial misionero.
