El Gobierno reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal, con el objetivo de incentivar la formalización de activos que puedan inyectarse a la economía dejando atrás sanciones y «presunción de culpabilidad sobre los contribuyentes», de acuerdo con los fundamentos que esgrimió el Gobierno.
Uno de los pilares del nuevo marco es el Régimen Simplificado de Ganancias, que permitirá tributar sin que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) requiera explicaciones sobre el patrimonio o los gastos personales. El foco estará puesto en la facturación futura, lo que habilita a regularizar ahorros previamente fuera del sistema y utilizarlos sin restricciones para consumo, inversión o financiamiento.
Desde el Gobierno destacan que esta herramienta funcionará como un «blanqueo popular permanente», orientado a canalizar hacia la economía formal recursos que permanecían inmovilizados por temor a sanciones o investigaciones retroactivas. La expectativa oficial es que el nuevo régimen genere una inyección significativa de liquidez, impulse la actividad y facilite la expansión de pymes y emprendimientos.
La reglamentación también introduce cambios en el plano penal. Se elevaron los umbrales de evasión simple a $100 millones y de evasión agravada a $1.000 millones, al tiempo que se redujo el plazo de prescripción de cinco a tres años.
Además, la evasión deja de ser un delito penal automático y pasa a resolverse mediante el pago de las obligaciones adeudadas tras la notificación correspondiente.
«Todos eran delincuentes, menos los verdaderos criminales. A vos te perseguían por cuidar lo tuyo. La Ley de Inocencia Fiscal le devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie», señalan.
También se ampliaron de manera sustancial los montos a partir de los cuales las entidades financieras deben informar depósitos y transacciones a ARCA, con un umbral mensual de hasta $10 millones o su equivalente en dólares.
BAE
