La jueza del Tribunal Oral Federal de Paraná, Noemí Berros, declaró a OEG, de 32 años, de ocupación remisero, oriundo de Misiones, autor del delito de Tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte…, y en un juicio abreviado le impuso la condena de cuatro años y ocho meses de prisión y multa de 5.708.160 pesos”.
La sentencia también dispuso el decomiso de la camioneta tipo pick-up, cabina simple, Chevrolet Montana, “por ser un instrumento utilizado para cometer el delito”; un celular “por ser también un elementos utilizado para la comisión del ilícito”; y la suma de 113.500 pesos incautados con más los intereses devengados a plazo fijo renovable automáticamente cada 30 días (depósito en el BNA) por ser un producido del delito”.
“Sé que cometí un error y tengo que pagar por ello”
El ahora condenado respondió que “la aceptación del acuerdo era expresión de su libre voluntad y que estaba de acuerdo con la pena carcelaria convenida porque –dijo- ‘sé que cometí un error, un delito, y tengo que pagar por ello’”.
En el reconocimiento, insistió en la solicitud de que se gestione su traslado a una unidad penal más cercana a su domicilio, de modo de poder tener contacto con su familia, y especialmente con su hijo de 7 años, que -dijo- estaba viviendo con él, que vive con su abuela desde que fue detenido y que no ha vuelto a ver desde entonces.
Berros, a la hora de evaluar la pena, consideró que “se trata de un joven –dijo- que, como remisero, percibe 9 o 10.000 pesos por día; que no tiene bienes a su nombre; que como lo expresó en el interrogatorio de identificación, la pick-up en que transportaba la marihuana –aunque de su titularidad registral- no es de su propiedad, pues apenas unos días antes de emprender el viaje -quien lo comisionó para ello y cuyo nombre se abstuvo de referir en protección a su hijo- fue quien le dio la camioneta, la puso a su nombre y le envió el dinero para hacer la transferencia”.
También que “tiene muy escasa instrucción (primario incompleto) y su posición socio-económica-cultural está signada por la pobreza lo que lo emplaza en situación de vulnerabilidad, de conformidad a la regla 7 de las ‘Cien Reglas de Brasilia sobre el acceso a la Justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad’”.
“Mula” de mercadería
La jueza ponderó “el ánimo de lucro y de ganancia fácil que lo impulsó a delinquir; actividad en la que -aunque en el rol de ‘mula’ de mercadería de propiedad de quien lo comisionaba- OEG venía incursionando, al menos desde algunos meses atrás, en un rol activo y consciente como transportista, manejando sumas de dinero importantes y varias veces millonarias”.
Así, entendió que aquello quedó revelado “no solo por los audios peritados del celular que se le secuestrara, sino por el contrato de alquiler del departamento que habitaba desde el 8 de noviembre de 2024 compuesto de modo confortable por un dormitorio, sala, cocina-comedor, balcón, baño instalado y por el que abonaba un alquiler mensual de 110.000 pesos, imposible de afrontar con los ingresos lícitos provenientes de su labor de remisero por la que -dijo- percibía unos 9.000 pesos diarios (270.000 mensuales), ingresos con los que debía proveer a su sustento y al de su hijo menor de edad y que, de no ser por sus ingresos ilícitos, no hubiera podido afrontar”.
