Un informe de auditoría presentado por la intendenta interina Norma Gularte dejó al descubierto un esquema de privilegios y uso indebido de recursos públicos en Caraguatay. Los datos arrojan que el 38% del combustible municipal era asignado al auto personal del intendente bajo licencia y otro 27% a un camión de un familiar directo, dejando apenas un 35% para la ambulancia y la flota de servicios que debe atender a todo el pueblo.
«Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada», sentenció Gularte al detallar el estado de abandono en el que recibió el parque vial y la falta de insumos básicos. La transición estuvo marcada por la resistencia del personal de gabinete saliente, quienes se negaron a entregar llaves y firmar notificaciones, en un intento de frenar el relevamiento que hoy termina en la Justicia con una denuncia penal por el paradero desconocido de maquinaria estratégica.
A tres semanas de asumir la intendencia interina, Norma Gularte logró reactivar los servicios básicos de Caraguatay, tras recibir un municipio con el parque vial desmantelado y deudas millonarias.
Mediante un plan de ahorro que redujo un 30% el gasto en haberes —eliminando pagos por servicios no prestados—, la administración normalizó la ambulancia local y el camión de residuos, que estaban fuera de servicio por falta de mantenimiento y combustible.
El contraste en la gestión es numérico: en solo 21 días se recuperaron 12 kilómetros de caminos internos y se garantizaron servicios de sepelio y limpieza que estaban suspendidos. Gularte reafirmó su compromiso con la auditoría en curso, asegurando que cada peso ahorrado se volcará a la infraestructura que el pueblo perdió durante años de descontrol administrativo.
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