El concurso preventivo iniciado en 2021 terminó sin acuerdo con acreedores ni propuestas de inversores. La cadena llegó a tener más de 300 sucursales y 5.000 empleados; hoy solo quedaban tres locales y menos de 20 trabajadores.
La histórica cadena de electrodomésticos Garbarino fue declarada en quiebra por la Justicia luego de que fracasara el proceso de salvataje abierto para intentar rescatar a la compañía. La decisión fue tomada por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°7, que puso fin a un proceso concursal iniciado en 2021.
La resolución fue firmada el 4 de marzo por el juez Fernando D’Alessandro, quien concluyó que no existían condiciones para continuar con el concurso preventivo. La empresa no logró reunir las mayorías necesarias entre los acreedores para aprobar un acuerdo y tampoco prosperó la instancia de salvataje que permitía a terceros presentar propuestas para quedarse con la firma.
Durante ese proceso, la única compañía que se inscribió como interesada en el rescate fue la sociedad financiera Vlinder. Sin embargo, nunca llegó a presentar una propuesta formal de reestructuración. Con ese escenario, el magistrado aplicó lo previsto por la ley de concursos y quiebras y dispuso la apertura del proceso falencial.
Con la quiebra decretada, la empresa queda automáticamente desapoderada de la administración de sus bienes, que pasan a estar bajo control de la sindicatura designada por el tribunal. A partir de ahora se iniciará el proceso de identificación y eventual liquidación de los activos para intentar cubrir, al menos en parte, las deudas con los acreedores.
El juez también dispuso mantener la inhibición general de bienes y ordenó notificar a distintos registros públicos para detectar propiedades, vehículos o marcas registradas a nombre de la empresa. Además, la medida se extendió a la provincia de Tierra del Fuego por la participación accionaria de la compañía en las firmas industriales Tecnosur y Digital Fueguina.
La resolución incluyó además la inhabilitación comercial de los principales directivos de la empresa, entre ellos su presidente Carlos Rosales, la vicepresidenta María Marta Facio y el director Gabriel Rosales, quienes no podrán ejercer el comercio durante el plazo previsto por la legislación concursal. También se estableció una prohibición de salida del país para los ejecutivos al menos hasta octubre de 2026.
Otro de los puntos centrales del fallo fue la intervención sobre los últimos locales que seguían vinculados a la firma. El tribunal ordenó constatar y eventualmente clausurar los tres puntos de venta que permanecían activos en la Ciudad de Buenos Aires.
La sindicatura quedó facultada para realizar inventarios en esos establecimientos e incluso solicitar el uso de la fuerza pública en caso de ser necesario para asegurar los bienes que puedan encontrarse en los locales.
En paralelo, el juzgado abrió el proceso de verificación de créditos, mediante el cual bancos, proveedores, exempleados y otros acreedores deberán presentar sus reclamos para determinar el pasivo final de la quiebra. El plazo para iniciar ese trámite se extenderá hasta el 24 de junio de 2026.
La quiebra marca el cierre de la historia de una empresa que durante décadas fue uno de los nombres más fuertes del comercio minorista argentino. Fundada en 1951, Garbarino llegó a concentrar cerca del 30% del mercado de electrodomésticos, con más de 300 sucursales en todo el país y más de 5.000 empleados.
Sin embargo, una combinación de problemas financieros, caída del consumo, cambios en el comercio minorista y dificultades para acceder a financiamiento deterioraron progresivamente su estructura. La venta de la compañía en 2020 al empresario Carlos Rosales no logró revertir la crisis.
En los últimos informes presentados ante la Justicia, la empresa ya contaba con menos de 20 empleados, apenas tres locales activos y ventas mínimas, sin capacidad financiera para sostener su operación.
Con la quiebra ya declarada, comienza ahora la etapa de liquidación judicial. El proceso buscará identificar activos, como participaciones societarias, marcas y otros bienes remanentes, para intentar pagar a los acreedores.
Así, una de las marcas más emblemáticas del retail argentino queda formalmente fuera del mapa empresarial, cerrando un proceso de deterioro que se extendió durante más de cuatro años.
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