Posadas . Está en su recta final la investigación por posibles delitos de sedición y desobediencia judicial cometidos por agentes policiales, en el marco de la protesta y acampe que se desplegó sobre varias cuadras de la avenida Uruguay, entre el 16 y el 28 de mayo del año pasado.
Al no haber nuevas pruebas requeridas, se espera que esta semana -posiblemente mañana- el juez a cargo de la investigación, Ricardo Balor, remita el pedido de elevación a juicio a la Fiscalía 6.
Aunque los tiempos no son precisos, fuentes con conocimiento del caso anticiparon que la instrucción no arrojó nuevas pruebas en las últimas semanas. Con las tomas de declaraciones hechas a lo largo de este año y las imputaciones -actualmente hay 32 policías y ex agentes acusados-, el siguiente paso será analizar y resolver quiénes de los involucrados en la causa llegarán a instancia de debate oral.
Una vez recibida la solicitud, la Fiscalía a cargo de René Casals tiene un plazo de diez días hábiles para resolver si eleva a juicio el caso por sedición policial. Si bien hay 32 imputados, será tarea del juez y del Ministerio Público Fiscal determinar qué personas tienen mayor grado de responsabilidad y participación, suficientes para ir a banquillo y responder a las acusaciones ante un tribunal.
Los sospechosos, entre ellos, los voceros de la protesta policial Germán Palavecino y Ramón Amarilla, están acusados de tomar el Comando Radioeléctrico de la Policía, lugar donde se apostaron decenas de personas durante esos 12 días de reclamo salarial. Además, a algunos de los procesados se los acusa de robar patrulleros.
Es necesario señalar que esta causa que se instruye en el Juzgado 6 con sede en calle Buenos Aires, casi avenida Roque Pérez, es un expediente ajeno y paralelo a la investigación que se realiza en el Juzgado de Instrucción 3 de Fernando Verón. Sobre ese hecho, hay ocho policías detenidos y sospechosos de organizar un intento de toma de la Jefatura -se presume que fue orquestado en septiembre del 2024-.
Fuente: El Territorio
